El presidente Rodrigo Paz afirmó este lunes que grupos vinculados al “narcoterrorismo” representan una amenaza para la estabilidad del país y advirtió que el Estado actuará para enfrentar a quienes promuevan hechos de violencia en el marco del conflicto social que atraviesa Bolivia.
Las declaraciones fueron realizadas durante el acto de promulgación de la ley que reglamenta los estados de excepción, en un contexto marcado por 39 días de movilizaciones y bloqueos en distintas regiones del territorio nacional.
Al cierre de su discurso, el mandatario ratificó la disposición de su Gobierno para mantener abiertos los canales de diálogo, aunque lanzó una advertencia dirigida a quienes identificó como actores violentos infiltrados en las protestas.
“Nuestra mano está extendida para seguir siempre en el diálogo, siempre en el diálogo, pero cuídense de los infiltrados y de los violentos. Y a los violentos, a los narcoterroristas, así como cayó Sebastián Marset, sus días están contados”, afirmó Rodrigo Paz.
El jefe de Estado sostuvo que las protestas, que ya superan las cinco semanas, evidenciaron la presencia de grupos armados que, según su criterio, actúan al margen de las reivindicaciones planteadas por diversos sectores sociales.
En ese sentido, hizo referencia al operativo realizado el pasado 6 de junio en la ruta que conecta Santa Cruz con Beni. De acuerdo con reportes oficiales, durante esa intervención al menos seis efectivos policiales resultaron heridos en el municipio de San Julián, dos de ellos por impactos de arma de fuego.
Paz aseguró que existen sectores que disponen de recursos económicos y armamento para influir en las movilizaciones y cuestionó que determinadas personas pretendan situarse por encima de la ley.
“No puede haber bolivianos de primera y de segunda, no puede haber bolivianos que estén por encima de la ley, por encima de nuestra democracia y nuestra Constitución”, manifestó el mandatario.
Asimismo, señaló que algunas organizaciones sociales estarían siendo afectadas por intereses ajenos a sus demandas originales y expresó preocupación por la presencia de personas provenientes del Chapare en distintas regiones del altiplano.
Durante su intervención, también cuestionó los ataques registrados contra efectivos policiales que participaban en operativos destinados a habilitar corredores para el transporte de alimentos, combustible, medicamentos y oxígeno hacia las ciudades afectadas por los bloqueos.
“¿Desde cuándo la Policía, que va con una actitud de dispersión para abrir corredores para que lleguen alimentos a La Paz, oxígeno, combustible y medicamentos, es recibida bajo fuego de armas profesionales?”, cuestionó Paz.
El Presidente remarcó que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de la población y pidió a la Policía Boliviana y a las Fuerzas Armadas actuar con firmeza, profesionalismo y respeto a los derechos humanos, en el marco de la Constitución y de la nueva normativa promulgada.
Además, informó que el Gobierno cuenta con un plan para recuperar la normalidad en el país y anunció la puesta en marcha de medidas destinadas a mitigar los efectos económicos generados por los bloqueos. Entre ellas mencionó la reprogramación de deudas para sectores afectados, la creación de un fondo de garantía para el transporte y la reducción del 50% de los salarios del Presidente y de los ministros, recursos que serán destinados a la atención de pacientes con cáncer y enfermedades renales.
Por otro lado, el mandatario rechazó versiones difundidas en redes sociales sobre supuestas privatizaciones, incrementos en tarifas o nuevas cargas para los productores del campo, asegurando que dichas medidas no forman parte de las acciones impulsadas por su administración.
Mientras se desarrollaba el acto oficial, sectores de la alianza multisectorial realizaron una movilización por las calles de La Paz portando banderas blancas y exigiendo soluciones al conflicto. Durante la marcha, los participantes expresaron su preocupación por el impacto de los bloqueos y demandaron condiciones para retomar sus actividades laborales y económicas.
El Gobierno reiteró que mantiene abierta la posibilidad de dialogar con las organizaciones movilizadas, aunque insistió en que no permitirá la actuación de grupos violentos ni de personas que, según sus denuncias, busquen desestabilizar el orden democrático.
