La Ley 1740 de Regulación de los Estados de Excepción ya entró en vigencia tras su promulgación por el presidente Rodrigo Paz; sin embargo, su aplicación no será automática y requiere cumplir varios pasos establecidos por la normativa.
De acuerdo con la ley, el Ejecutivo debe emitir un decreto supremo específico para declarar un estado de excepción. Posteriormente, ese decreto deberá ser remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que tendrá un plazo de 72 horas para aprobarlo o rechazarlo.
La norma establece que la intervención de las Fuerzas Armadas estará limitada al apoyo logístico, la protección de instalaciones estratégicas y el resguardo de vías fundamentales, mientras que la Policía continuará bajo coordinación del Ministerio de Gobierno.
Asimismo, la ley señala que los derechos constitucionales no quedan suspendidos y que cualquier medida deberá respetar principios de proporcionalidad, legalidad y protección de la vida. Además, fija una vigencia máxima de 90 días para un eventual estado de excepción, salvo que exista una ampliación autorizada por la Asamblea.
Durante la promulgación, el presidente Rodrigo Paz afirmó que el país enfrenta amenazas vinculadas al “narcoterrorismo” y aseguró que el Gobierno continuará priorizando el diálogo para resolver la crisis.
La aprobación de la norma generó reacciones en el trópico de Cochabamba, donde dirigentes de organizaciones sociales advirtieron con medidas de resistencia si el Gobierno decide aplicar formalmente un estado de excepción en la región.
