Luego de siete semanas de movilizaciones, bloqueos y una creciente crisis económica, la Central Obrera Boliviana (COB) modificó su estrategia y retiró de su pliego de demandas la exigencia de renuncia del presidente Rodrigo Paz, enfocando ahora sus planteamientos en temas económicos, sociales e institucionales. El cambio se produce a pocas horas de una nueva mesa de diálogo convocada por el Gobierno para buscar una salida al conflicto que mantiene al país paralizado desde hace 48 días.
La dirigencia cobista, encabezada por Mario Argollo, presentó un nuevo documento en el que prioriza una agenda centrada en la defensa de la economía popular. Entre sus principales exigencias figura el rechazo a cualquier acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI), además de solicitar transparencia en las negociaciones que el Estado pueda sostener con organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Asimismo, la COB demanda garantías para evitar cualquier proceso de privatización de empresas o recursos estratégicos del Estado. También plantea tener participación en la fiscalización y revisión de proyectos de ley antes de su aprobación, argumentando que las organizaciones sociales deben formar parte de las decisiones que impactan directamente en la población.
Otro de los puntos centrales está relacionado con la crisis económica que golpea a las familias bolivianas. El ente matriz exige medidas urgentes para controlar el alza de precios, frenar la especulación en los mercados, garantizar el abastecimiento de productos básicos y proteger el empleo formal con salarios que mantengan el poder adquisitivo de los trabajadores.
La nueva postura también refleja un distanciamiento con el expresidente Evo Morales, quien continúa respaldando las movilizaciones desde el trópico de Cochabamba. Mientras sectores afines al exmandatario mantienen medidas de presión, la COB optó por abrir un canal de negociación con el Ejecutivo, argumentando la necesidad de pacificar el país y enfrentar los problemas de desabastecimiento que afectan a varias regiones.
El diálogo entre la COB y el Gobierno fue convocado para este miércoles en la Casa Grande del Pueblo. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, confirmó la disposición del Ejecutivo para escuchar las demandas, aunque remarcó que cualquier acuerdo deberá respetar la Constitución y el marco legal vigente. Como garante del proceso participará el fiscal general del Estado, Roger Mariaca.
Entretanto, el país continúa registrando 45 puntos de bloqueo y los efectos económicos se profundizan. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, advirtió que las consecuencias de los 48 días de conflicto son comparables a una situación de devastación económica, con sectores productivos seriamente afectados y riesgos para el crecimiento económico de la presente gestión.
