Luego de 46 días de movilizaciones, bloqueos y protestas en distintas regiones del país, la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari solicitaron al Gobierno la apertura de un proceso de diálogo para buscar una salida a la crisis económica y social que atraviesa Bolivia.
La solicitud surge después de más de seis semanas de conflicto, periodo en el que los sectores movilizados no lograron concretar su principal demanda política: la renuncia del presidente Rodrigo Paz. En los documentos enviados al Ejecutivo, ambas organizaciones dejaron de lado ese pedido y plantearon nuevas exigencias enfocadas en temas económicos, judiciales y sociales.
La COB presentó un documento denominado “Conminatoria y planteamiento para la pacificación y la recuperación del país”, en el que plantea ocho ejes de discusión. Entre ellos figuran la liberación de dirigentes detenidos, garantías para evitar procesos judiciales contra movilizados, el rechazo a acuerdos con organismos internacionales, la defensa de empresas estatales, la protección de la canasta familiar y la estabilidad laboral.
Por su parte, la Federación Túpac Katari y las Bartolinas exigieron al Gobierno el cumplimiento de cinco condiciones para iniciar el diálogo. Entre sus pedidos se encuentran la conformación de una comisión para fiscalizar la calidad de los combustibles importados, la suspensión temporal de intereses y multas bancarias para sectores productivos, la derogación de decretos considerados perjudiciales, una amnistía para personas procesadas durante las movilizaciones y la abrogación de la Ley de Regulación de los Estados de Excepción.
Tras conocer ambas solicitudes, el Gobierno confirmó la instalación de una mesa de diálogo y convocó a los dirigentes para este miércoles en la Casa Grande del Pueblo. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, informó que el Ejecutivo está dispuesto a escuchar las demandas, aunque insistió en que la condición fundamental es el levantamiento de los bloqueos que continúan afectando a diferentes regiones del país.
Mientras tanto, los efectos del conflicto siguen impactando en el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos, además de generar millonarias pérdidas económicas y afectar a miles de transportistas, productores, comerciantes y ciudadanos que permanecen perjudicados por las restricciones en las carreteras.
