La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados analiza el Proyecto de Ley 494/2025-2026, una iniciativa que propone un proceso extraordinario para la nacionalización de vehículos indocumentados que ya se encuentran circulando en territorio boliviano. La propuesta establece requisitos, causales de exclusión y determina que los recursos obtenidos sean destinados íntegramente a obras de infraestructura vial.
El proyecto, presentado por el diputado Reinaldo Seas, contempla una regularización excepcional, por única vez, para los propietarios de vehículos que permanezcan dentro del país al momento de la entrada en vigencia de la norma. Quienes cumplan con el procedimiento podrán obtener placa de circulación, registro en el RUAT y la documentación correspondiente.
El legislador explicó que la propuesta busca ofrecer una alternativa para los propietarios de estos motorizados. “Hay dos caminos para estos vehículos: sacarlos de circulación porque son un peligro para la seguridad vial o buscar un mecanismo para nacionalizarlos”, afirmó.
Asimismo, aclaró que la iniciativa está dirigida a quienes adquirieron estos vehículos y no a quienes los ingresaron de forma irregular al país. “No estoy hablando de los que han traído los vehículos; estoy hablando de quienes los han comprado”, sostuvo.
Para acceder a la regularización, el proyecto exige acreditar la posesión del motorizado, presentar una declaración jurada sobre su origen, aprobar una inspección técnica, registrar la información del vehículo mediante una plataforma digital, cancelar tributos, tasas y multas, contratar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y concluir el trámite a través del sistema habilitado por el Ejecutivo. El monto a pagar será definido posteriormente mediante reglamentación y dependerá del tipo y antigüedad del vehículo.
La propuesta también establece cinco causales de exclusión. No podrán ser nacionalizados los vehículos con denuncia de robo en Bolivia u otros países, aquellos vinculados a actividades ilícitas, los que no superen la inspección técnica o los controles de emisiones, los que incumplan condiciones mínimas de seguridad y los motorizados que permanezcan fuera del país cuando la ley entre en vigencia.
Además, el proyecto contempla la creación de una Plataforma Digital Única de Legalización Extraordinaria Vehicular, administrada por la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC), que verificará el número de chasis, motor y demás datos del vehículo mediante mecanismos tecnológicos para garantizar la trazabilidad del proceso.
La iniciativa dispone que el 100% de los recursos recaudados sea destinado a un Fondo Nacional para Infraestructura Vial, cuyos recursos serán utilizados exclusivamente para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de carreteras de la Red Vial Fundamental.
Respecto a la propuesta, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, indicó que el Gobierno analizará el proyecto antes de asumir una posición definitiva. “Todo es posible, hay que sentarse en mesas y, si es bueno, hay que nacionalizar los autos chutos, pero hay que hacer análisis”, declaró.
Por otro lado, el sector automotor expresó su rechazo a la iniciativa. El expresidente de la Cámara Automotor de Bolivia, Erick Saavedra, consideró que la medida podría incentivar la informalidad y favorecer actividades ilegales. “No son solamente vehículos comunes; detrás de este negocio también hay motorizados de lujo y operaciones vinculadas al lavado de dinero. Querer legalizar esto es inaceptable”, afirmó.
El proyecto de ley continúa en etapa de análisis legislativo y aún puede ser modificado antes de su eventual tratamiento y aprobación en la Asamblea Legislativa.
