El Grupo Gloria, con sede en Perú, confirmó que realizó un pago de 200.000 euros al expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, por servicios de asesoría e intermediación relacionados con un conflicto por una indemnización pendiente en Bolivia. No obstante, la empresa aseguró que esa contratación no tuvo como objetivo intervenir en procesos judiciales ni influir en las decisiones de la Justicia boliviana.
En una comunicación remitida el 1 de julio a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de Perú, el conglomerado explicó que recurrió a Rodríguez Zapatero para facilitar un acercamiento entre representantes del Estado boliviano y la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), filial del grupo, con el propósito de lograr el pago de una compensación por la expropiación del 33 % de las acciones que la empresa mantenía en la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa).
En el documento, la compañía señaló: «La participación del señor Rodríguez Zapatero en reuniones entre funcionarios del Grupo Gloria y representantes del Estado Plurinacional de Bolivia se circunscribió a promover un acuerdo razonable entre las partes para que se cumpla con el pago de las acciones expropiadas, lo cual no se logró y la deuda del Estado boliviano sigue pendiente».
Asimismo, la empresa rechazó las versiones que la vinculan con una supuesta injerencia en causas judiciales. «En ningún caso tuvo como misión o función interferir en procesos judiciales en curso en Bolivia», afirmó el Grupo Gloria, que calificó esas acusaciones como interpretaciones sin sustento.
En una carta enviada al ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, José Gabriel Espinoza, Soboce sostuvo que el litigio por la expropiación se desarrolló de manera paralela a otro proceso judicial en el que la empresa fue condenada al pago de 744 millones de bolivianos por competencia desleal. La compañía considera que esa situación ha impedido resolver la compensación que reclama desde hace 16 años.
«Ninguna iniciativa institucional de nuestra corporación ha tenido como finalidad, directa o indirecta, interferir, presionar o distorsionar el curso de las acciones judiciales vigentes. Se trata de cauces completamente paralelos», señala la misiva dirigida a la autoridad boliviana.
El documento también indica que la empresa manifestó en reiteradas ocasiones su disposición para alcanzar una solución negociada al conflicto. «En todos estos años hemos expresado nuestra disposición para tratar de alcanzar un acuerdo extrajudicial a este conflicto, siempre actuando de buena fe y dentro de los cauces legítimos. Ninguna ha tenido efecto», añade la carta.
El caso cobró relevancia después de que la investigación desarrollada por la Policía española señalara presuntos pagos realizados entre 2024 y 2025 a Rodríguez Zapatero, los cuales son analizados dentro de una causa judicial que también involucra el denominado caso Plus Ultra. Según los investigadores, existen indicios de que esos contratos de asesoría habrían sido utilizados para justificar los desembolsos, una hipótesis que el Grupo Gloria rechaza.
