El fiscal general del Estado, Róger Mariaca Montenegro, informó que el Ministerio Público abrió cuatro investigaciones por el presunto delito de trata de personas con fines de reclutamiento para conflictos bélicos, luego de recibir denuncias sobre ciudadanos bolivianos que habrían sido captados para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania.
Las investigaciones se desarrollan en los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Beni y fueron agrupadas bajo la denominación de «caso Rusia», según explicó la máxima autoridad del Ministerio Público.
«Los hechos los hemos denominado como ‘caso Rusia'», informó Róger Mariaca Montenegro, fiscal general del Estado.
Mariaca detalló que el primer proceso fue abierto el 20 de mayo en Santa Cruz. Posteriormente, el 14 de julio, se inició una segunda investigación en ese mismo departamento, donde inicialmente fueron identificadas seis presuntas víctimas.
Durante las diligencias, la Fiscalía estableció nuevos elementos en el municipio de Portachuelo, provincia Sara, donde presuntamente un grupo familiar habría participado en el reclutamiento de ciudadanos.
Como resultado de la investigación, cuatro personas fueron arrestadas y tres de ellas fueron imputadas por el presunto delito de trata de personas, obteniendo detención preventiva.
«Se arresta a cuatro personas que en un entorno familiar (…) Fruto de ello se imputan a tres personas por el delito antes mencionado tipificado en el artículo 281 bis del Código Penal (trata de seres humanos) y de esas tres personas es que se obtiene la detención preventiva en una cárcel pública», explicó Róger Mariaca Montenegro, fiscal general del Estado.
El Ministerio Público indicó que la comisión de fiscales continúa ejecutando requerimientos investigativos en coordinación con la Policía Boliviana para esclarecer estos hechos.
El fiscal general también informó que el 17 de julio se abrió un tercer caso en el departamento de Tarija, tras una denuncia presentada por una institución luego de que una autoridad nacional alertara sobre un posible hecho similar.
Según Mariaca, la investigación se encuentra en etapa preliminar y contempla la toma de declaraciones a diferentes personas para determinar la existencia del delito y establecer posibles responsabilidades.
El cuarto proceso fue abierto el 18 de julio en Riberalta, departamento del Beni, luego de un informe de la Policía Boliviana que señala que 15 personas habrían sido víctimas de una presunta red de reclutamiento.
«Hoy se encuentra en plena etapa investigativa, etapa preliminar en la cual se están realizando diferentes diligencias y estamos también activando mecanismos de ayuda internacional y estamos también activando lo que viene a ser la Redtram, donde habla netamente del tema de trata y tráfico de personas», señaló Róger Mariaca Montenegro, fiscal general del Estado.
El Ministerio Público informó que, además de las investigaciones en curso, se activaron mecanismos de cooperación internacional para ubicar a las presuntas víctimas y avanzar en el esclarecimiento de los hechos relacionados con estos casos.
