La Fiscalía Departamental de Santa Cruz emitió este miércoles una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales Ayma, en el marco de una investigación por presuntos delitos relacionados con los 53 días de bloqueos registrados entre mayo y junio de este año. El proceso fue iniciado tras una denuncia del Comité pro Santa Cruz, a la que posteriormente se adhirió el Ministerio de Gobierno.
El mandamiento de aprehensión fue emitido el 29 de julio de 2026 y dispone que el funcionario policial asignado al caso proceda a «aprehender y conducir» al exmandatario ante la Unidad Policial Especializada de Lucha Contra la Corrupción, como parte de las actuaciones investigativas.
Morales es investigado por la presunta comisión de los delitos de alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos, tipificados en los artículos 121, 130, 132, 133, 213 y 214 del Código Penal.
Según el documento fiscal, la investigación se originó a partir de la denuncia presentada por el Comité pro Santa Cruz, representado por su presidente, Stello Cochamanidis Garcés, a la que posteriormente se sumó una denuncia formal del Ministerio de Gobierno, encabezado por el ministro Marco Antonio Oviedo Huerta.
La denuncia fue presentada el 1 de julio e incluye también al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y al dirigente de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, a quienes los denunciantes identifican como presuntos impulsores de las movilizaciones que se extendieron durante 53 días.
En ese entonces, el equipo jurídico del Comité pro Santa Cruz informó que la acción penal fue respaldada con seis requerimientos fiscales, mediante los cuales solicitó al Ministerio Público acelerar las investigaciones y emitir los respectivos mandamientos de aprehensión contra los denunciados.
De acuerdo con los denunciantes, las movilizaciones provocaron bloqueos de carreteras en diferentes regiones del país, afectando principalmente a La Paz y Cochabamba, mientras que en Santa Cruz se registraron perjuicios al aparato productivo debido a los puntos de bloqueo instalados en San Julián, Guarayos y San Germán, que dificultaron el transporte de mercancías hacia otros departamentos.
Durante el conflicto se reportaron más de 100 puntos de bloqueo, además de desabastecimiento de alimentos e insumos, enfrentamientos y otras afectaciones económicas y sociales. El Comité pro Santa Cruz sostiene que las protestas dejaron 22 personas fallecidas y ocasionaron pérdidas económicas millonarias.
Hasta la fecha, el único procesado con detención preventiva dentro de esta causa es el dirigente Vicente Salazar, quien permanece recluido en el penal de Chonchocoro.
Con la emisión de este mandamiento, Evo Morales suma una nueva orden de aprehensión en su contra dentro de las investigaciones relacionadas con los bloqueos de 53 días. El proceso continuará bajo la conducción del Ministerio Público, que deberá desarrollar las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos denunciados.
