El expresidente Evo Morales enfrenta una segunda orden de aprehensión emitida por la Fiscalía de Santa Cruz, dentro de la investigación por los 53 días de bloqueos registrados entre mayo y junio, conflicto que provocó desabastecimiento, pérdidas económicas y afectaciones en distintas regiones del país.
En este proceso, Morales es investigado por los presuntos delitos de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
La causa fue abierta tras una denuncia presentada por el Comité pro Santa Cruz, a la que posteriormente se adhirió el Ministerio de Gobierno. Los denunciantes atribuyen al exmandatario responsabilidad en las movilizaciones que exigieron la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Según los antecedentes del caso, La Paz y Cochabamba fueron los departamentos más afectados por las protestas, que llegaron a registrar más de un centenar de puntos de bloqueo durante los momentos de mayor conflicto.
Morales rechazó las acusaciones y aseguró que el proceso responde a una persecución política. A través de sus redes sociales afirmó que las acciones judiciales buscan desviar la atención de la situación económica y social del país, y sostuvo que continuará con su actividad política.
La nueva orden de aprehensión se suma a otra que permanece vigente dentro del proceso por trata agravada que se tramita en Tarija. En ese caso, el exmandatario fue declarado rebelde tras no presentarse al juicio oral, motivo por el cual también se dispuso su arraigo.
Además de los procesos que enfrenta en Bolivia, Morales también es investigado en Argentina por un caso relacionado con presunta trata de personas y abuso de menores durante el periodo en el que permaneció asilado en ese país.
La investigación en territorio argentino fue reactivada en 2025 y durante este año continuó con nuevas diligencias, entre ellas la citación de efectivos policiales que formaron parte de su equipo de custodia.
De acuerdo con la información oficial, el expresidente enfrenta actualmente al menos tres procesos judiciales y no se presentó ante la Fiscalía para brindar sus descargos dentro de las investigaciones.
Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, recordó que las órdenes de aprehensión vigentes deben ser ejecutadas por la Policía y señaló que este tipo de mandamientos no tienen fecha de vencimiento.
