El informe final de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados señala que las presuntas irregularidades vinculadas con la importación y comercialización de gasolina desestabilizada se remontan a gestiones anteriores del Movimiento Al Socialismo (MAS). El documento identifica problemas en los procesos de contratación y en los mecanismos de control de YPFB.
La investigación parlamentaria establece que el caso no se habría originado únicamente durante la última gestión del Ministerio de Hidrocarburos, sino que involucra decisiones y procedimientos desarrollados durante varios años.
En paralelo, el Ministerio Público mantiene sus investigaciones y confirmó la aprehensión del exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinacelli, quien es investigado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
El fiscal departamental de La Paz, David Torrez, explicó que la decisión de aprehender a la exautoridad fue tomada después de revisar los elementos reunidos durante la investigación.
“Esta decisión de la Comisión de Fiscales emerge precisamente del análisis minucioso de los 88 elementos indiciarios que se han colectado, donde se puede establecer la existencia del hecho y la probabilidad de autoría respecto al ciudadano Mauricio Medinacelli”, afirmó Torrez.
Según la Fiscalía, las funciones que ejercía Medinacelli incluían tareas relacionadas con la planificación, organización, ejecución y control dentro de la cadena de adquisición y comercialización de hidrocarburos.
Sin embargo, el informe legislativo identifica antecedentes que corresponden a gestiones anteriores. Entre ellos, señala que Trafigura PTE LTD ingresó al registro de proveedores de YPFB en octubre de 2021, mientras que Botrading S.A. fue registrada en diciembre de 2022.
La comisión también revisó contratos y procesos de contratación desarrollados durante 2023 y 2024, además de auditorías relacionadas con esas operaciones.
Durante ese periodo, el Ministerio de Hidrocarburos estuvo encabezado sucesivamente por Franklin Molina Ortiz, Alejandro Gallardo Baldivieso y Mauricio Medinacelli.
El documento parlamentario sostiene además que las observaciones no se concentraron exclusivamente en una decisión ministerial, sino que abarcaron diferentes etapas, desde la importación y recepción del combustible hasta su almacenamiento, control de calidad y posterior comercialización.
Entre las principales observaciones aparecen deficiencias en los controles internos de YPFB, problemas en la verificación técnica del combustible, debilidades en la supervisión administrativa y falta de coordinación entre las instancias responsables de verificar la calidad del producto.
La comisión advirtió que estas falencias pudieron comprometer recursos públicos y generar un eventual perjuicio económico relacionado con la inmovilización, análisis, almacenamiento y tratamiento del combustible observado. Sin embargo, el informe no establece una cifra definitiva y deja esa determinación a las auditorías y a la investigación penal.
Mientras la Fiscalía concentra sus primeras acciones en Medinacelli y exejecutivos de YPFB vinculados con la etapa final del proceso, el informe legislativo plantea que las presuntas irregularidades tienen antecedentes que se remontan a gestiones anteriores. El avance de la investigación deberá determinar si las responsabilidades alcanzan a toda la cadena de decisiones y controles identificada por la comisión.
