El número de empresas públicas bolivianas en situación de quiebra técnica aumentó de 15 a 20, de acuerdo con un diagnóstico elaborado por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP). El estudio comprende un total de 67 empresas estatales y será presentado al Consejo Superior de Empresas Públicas, instancia que deberá definir las acciones que correspondan para cada compañía.
El director de la OFEP, Pablo Camacho, explicó que el diagnóstico todavía se encuentra en etapa de evaluación, por lo que aún no se dieron a conocer los nombres de las 20 empresas identificadas en situación crítica. El análisis fue realizado mediante una metodología internacional adaptada a las condiciones de la economía boliviana y considera diferentes variables financieras y operativas.
La quiebra técnica se presenta cuando el patrimonio neto de una empresa es negativo, es decir, cuando el valor de sus activos resulta inferior al conjunto de sus pasivos y obligaciones. Un informe elaborado en abril había identificado a 15 compañías en esta situación, entre ellas Yacana, Yacimientos de Litio Bolivianos, Karachipampa, Quipus, EBIH, Mutún, B-Agro, EBA, BoA y Mi Teleférico.
El nuevo diagnóstico también establece que el eventual cierre de las empresas dependerá del marco legal con el que fueron creadas. Algunas compañías podrán ser disueltas mediante decretos, mientras que otras necesitarán la aprobación de leyes para concretar su cierre o modificación. El proceso deberá ser definido individualmente de acuerdo con las características y la normativa correspondiente a cada empresa estatal.
Uno de los casos que requiere un procedimiento particular es la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH), debido a que su creación está establecida en el artículo 363 de la Constitución Política del Estado. Actualmente, la empresa fabrica y comercializa tuberías de plástico destinadas exclusivamente a YPFB para instalaciones de gas domiciliario, por lo que su funcionamiento está vinculado directamente a la demanda de ese sector.
El Gobierno todavía no estableció un plazo general para el cierre de las empresas identificadas, aunque se prevé que esta semana comience el proceso con un primer grupo de compañías. El Decreto Supremo 5727 establece el marco para definir el futuro de las empresas públicas, mientras que el Ministerio de Economía señaló que algunas consideradas de carácter social, como Mi Teleférico, no serán cerradas y que otras podrían ser liquidadas o transferidas a terceros interesados.
