La Cámara Nacional de Industrias (CNI) y otros gremios empresariales solicitaron mantener en suspenso el cobro de más de Bs 744 millones a la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), mientras la Comunidad Andina (CAN) analiza los argumentos presentados por la empresa en la controversia con la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa). El pedido busca evitar consecuencias económicas mientras se revisa el caso.
El pronunciamiento empresarial expresa preocupación por los posibles efectos del Auto Supremo 1190/2026 sobre la seguridad jurídica y la confianza de los inversionistas en Bolivia. El sector considera que las decisiones judiciales relacionadas con controversias empresariales deben ofrecer previsibilidad y respetar las competencias de las instituciones correspondientes.
El presidente de la CNI, Gonzalo Morales, aclaró que la solicitud no pretende favorecer a ninguna de las compañías involucradas. Según explicó, suspender temporalmente la ejecución del cobro permitiría que la instancia comunitaria examine los argumentos de Soboce antes de que se produzcan efectos económicos que podrían resultar difíciles de revertir.
Desde Cochabamba, el presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios (ICAM), Wildo Dolz, manifestó su preocupación por la igualdad de condiciones entre las empresas y la independencia de la justicia. El representante empresarial remarcó la importancia de garantizar un trato equitativo para los inversionistas nacionales y extranjeros, con el fin de fortalecer la confianza en el sistema judicial.
Por su parte, la gerente general de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP), Soraya Fernández, advirtió sobre las posibles repercusiones del caso en la actividad productiva y el empleo. Recordó que Soboce tiene su sede empresarial en La Paz y su principal planta en Viacha, por lo que una afectación a sus operaciones podría repercutir en las inversiones, las fuentes laborales y la continuidad de la producción.
Los gremios sostienen que Bolivia necesita reglas claras y seguridad jurídica para impulsar la industria, atraer capitales y generar empleos. Morales reiteró que el pedido no busca privilegios para Soboce, sino condiciones equitativas para todos los actores económicos. La solicitud de suspensión se mantiene mientras la Comunidad Andina analiza la controversia vinculada al cobro reclamado a la cementera.
