El presidente Rodrigo Paz informó que promulgó seis decretos supremos destinados a proteger la economía de las familias, combatir los cobros ilegales y establecer nuevas reglas para distintos sectores. Las normas, publicadas el 13 de octubre, incluyen apoyo económico a huérfanos por feminicidio, mecanismos de denuncia contra presuntos actos de extorsión y medidas relacionadas con el gas licuado, las exportaciones y la electricidad.
El Decreto Supremo 5745 establece un bono equivalente al 20% del salario mínimo nacional, es decir, Bs 660, para niñas, niños y adolescentes que quedaron huérfanos por feminicidio. La disposición también contempla un paquete alimentario para menores de cinco años, además de acceso a servicios de salud y educación, como parte de las medidas de asistencia a las familias afectadas.
En cuanto al Gas Licuado de Petróleo (GLP), el Decreto Supremo 5746 mantiene el precio de la garrafa de 10 kilogramos en Bs 22,50. La norma modifica los márgenes de comercialización e incorpora un mecanismo de actualización relacionado con los costos del diésel. Según explicó el mandatario, las variaciones de costos serán compensadas a YPFB para evitar que se trasladen directamente al consumidor.
El Decreto Supremo 5747 dispone que los exportadores de oro acrediten en cuentas de entidades financieras bolivianas el ingreso del 80% de las divisas generadas por sus ventas al exterior. Este requisito debe cumplirse ante una entidad regulada por la ASFI para obtener el Formulario Único de Exportación M-03, emitido por el Senarecom. Por otra parte, el Decreto Supremo 5748 incorpora el Certificado de Devolución Impositiva (CEDEIM) digital, que podrá utilizarse para pagar obligaciones tributarias y entrará en vigencia el 1 de junio de 2027.
Otra de las medidas corresponde al Decreto Supremo 5749, que regula la recepción de denuncias por presuntos cobros ilegales y extorsión atribuidos a servidores públicos o exservidores del Órgano Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional Plurinacional y la Policía. Las denuncias podrán presentarse por escrito ante el Viceministerio de Transparencia o mediante su plataforma digital, con la posibilidad de solicitar reserva de identidad.
Finalmente, el Decreto Supremo 5570 modifica las fórmulas para actualizar los precios y las tarifas del sector eléctrico, sin establecer por sí mismo un incremento inmediato en las facturas de los usuarios. El cálculo periódico considerará el tipo de cambio oficial, el precio de referencia del combustible utilizado para la generación, el índice de precios al consumidor y los aranceles de equipos electromecánicos importados. El Gobierno sostiene que estas disposiciones buscan establecer reglas más estables para el sector y reducir el impacto de las variaciones de costos en los hogares.
