viernes, noviembre 6, 2026
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JUAN CARLOS HUARACHI INGRESA AL PENAL DE SAN PEDRO TRAS SER APREHENDIDO EN ORURO 

El exsecretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, fue trasladado desde la ciudad de Oruro hasta La Paz e ingresó nuevamente al penal de San Pedro este lunes 26 de octubre, luego de ser aprehendido en un domicilio particular. La medida se ejecutó después de que la Justicia revocara la detención domiciliaria que cumplía dentro del denominado caso Coimas.

Según reportes de prensa, Huarachi permanecía con paradero desconocido desde mayo de este año, cuando la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dejó sin efecto el beneficio de detención domiciliaria que había obtenido en abril. Su aprehensión se produjo durante la mañana de este lunes y posteriormente fue trasladado a la sede de Gobierno.

El proceso está relacionado con la investigación por presuntos hechos de corrupción en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, vinculados al exministro Juan Santos Cruz. La Fiscalía investiga a Huarachi por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias y concusión.

De acuerdo con los antecedentes difundidos, la investigación contra el exdirigente se inició tras identificarse depósitos bancarios cuyo origen debía ser esclarecido. La Fiscalía sostiene que los hechos estarían relacionados con supuestos pagos irregulares vinculados a la adjudicación de obras estatales. Estas acusaciones deberán ser determinadas dentro del proceso judicial.

Huarachi ya había sido enviado a detención preventiva en noviembre de 2025 y posteriormente recibió detención domiciliaria en abril de 2026. Tras la revocatoria de ese beneficio, su ubicación se convirtió en un tema de seguimiento dentro del caso, hasta que fue localizado y aprehendido en Oruro.

Con su ingreso al penal de San Pedro, el exejecutivo de la COB vuelve a quedar bajo custodia mientras continúa el proceso judicial. La investigación busca establecer las posibles responsabilidades en los hechos denunciados, por lo que corresponde mantener la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada.

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