El brasileño Engri Júnior de Almeida Maia, conocido como “Junim Trindade”, se encuentra en el centro de una investigación internacional que busca establecer sus presuntos vínculos con el narcotráfico, asesinatos por encargo y estructuras criminales que operarían entre Bolivia y Brasil. El hombre, de 38 años, resultó herido de bala en la cabeza durante un operativo realizado el 24 de octubre en el municipio de Concepción, Santa Cruz, y permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado, según los datos difundidos sobre el caso.
Las autoridades brasileñas lo identifican como uno de los presuntos fundadores de la facción criminal Amigos do Estado (ADE). El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, afirmó que, de acuerdo con información recibida desde Brasil, la estructura investigada podría tener una dimensión incluso mayor que la organización atribuida al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Esta comparación corresponde a declaraciones oficiales y no constituye, por sí sola, una conclusión judicial sobre el tamaño o alcance de ambas redes.
PRESUNTAMENTE, DECENAS DE ASESINATOS POR ENCARGO
Oviedo atribuyó a Trindade alrededor de 40 asesinatos por encargo en Brasil y entre 12 y 15 en territorio boliviano. Estas cifras forman parte de las acusaciones difundidas por las autoridades y deberán ser contrastadas mediante las investigaciones y los procesos judiciales correspondientes.
Por su parte, el comandante de la Policía Boliviana, Adrián Álvarez, señaló que el ciudadano brasileño habría ingresado al país en 2021 utilizando una identidad falsa. También se investigan sus presuntos vínculos con redes criminales asentadas en el estado brasileño de Goiás y relacionadas, según las autoridades, con el Primer Comando da Capital (PCC).
De acuerdo con las hipótesis investigativas, la estructura habría proporcionado seguridad a cargamentos de cocaína transportados en avionetas y protección a otras organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Una de las rutas bajo investigación conectaría territorio boliviano con Brasil y, posteriormente, con mercados europeos. Las autoridades buscan determinar cómo funcionaba esta presunta logística y quiénes habrían participado en ella.
INVESTIGAN PROPIEDADES Y MOVIMIENTOS MILLONARIOS
El viceministro de Lucha Contra el Narcotráfico, Dorian Badani, afirmó que Trindade tendría más de 20 viviendas en Santa Cruz. La información forma parte de las pesquisas orientadas a establecer el patrimonio que presuntamente estaría relacionado con las actividades investigadas.
En Brasil, las investigaciones también apuntan a una posible estructura financiera vinculada a la facción Amigos do Estado. Según los datos difundidos, se habrían detectado movimientos superiores a 70 millones de reales mediante el banco digital 4T Bank. Además, la Fiscalía del estado de Goiás estima que la organización habría movilizado al menos 1.000 millones de reales desde su creación.
Los investigadores buscan establecer el origen y destino de esos recursos, identificar posibles mecanismos de lavado de dinero y determinar si existen conexiones entre las operaciones financieras, las propiedades y las actividades criminales atribuidas a la organización.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA INVESTIGACIÓN
Las pesquisas también contemplan posibles conexiones con distintos hechos violentos registrados en Santa Cruz y con otras facciones criminales que operarían en la región. Para avanzar en el esclarecimiento del caso, las autoridades bolivianas mantienen cooperación con organismos brasileños y con la Agencia para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
El objetivo es determinar la estructura de la presunta red, sus conexiones transnacionales, las rutas utilizadas para el tráfico de drogas y las eventuales responsabilidades individuales. La cooperación entre países resulta relevante debido a que las operaciones investigadas podrían involucrar movimientos de personas, sustancias ilícitas y recursos financieros a través de distintas jurisdicciones.
El caso de “Junim Trindade” vuelve a poner bajo investigación la posible articulación entre el narcotráfico, la violencia por encargo y las redes de protección logística y financiera en la frontera entre Bolivia y Brasil. Sin embargo, las acusaciones contra el ciudadano brasileño y los presuntos vínculos con otras organizaciones deberán ser respaldados por pruebas y establecidos por las autoridades competentes.
Hasta que se determinen judicialmente los hechos y las responsabilidades, las cifras sobre asesinatos, patrimonio y movimientos financieros deben entenderse como datos atribuidos a las autoridades investigadoras, no como responsabilidades definitivamente probadas.
