El exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, se pronunció este martes 27 de octubre de 2026 tras la declaratoria de rebeldía y la emisión de una orden de aprehensión en su contra. Mediante un pronunciamiento público, cuestionó los cambios en la fecha de su audiencia cautelar y denunció presuntas presiones políticas que, según afirma, podrían afectar su libertad y su derecho a la defensa.
Fernández sostiene que existe una secuencia de decisiones judiciales que necesita una explicación jurídica. Según su versión, durante una audiencia realizada el 22 de octubre, la jueza Ana Gloria Rojas señaló inicialmente que la siguiente audiencia tendría lugar el 9 de noviembre. Posteriormente, un auto interlocutorio fijó la fecha para el 27 de noviembre, a las 12:00, pero después un decreto modificó nuevamente el calendario y adelantó la audiencia al 27 de octubre, también a mediodía.
El exalcalde considera que estos cambios deben ser explicados, especialmente porque posteriormente se declaró su rebeldía y se emitió un mandamiento de aprehensión. En su pronunciamiento, pidió que las autoridades competentes fundamenten legalmente las decisiones y revisen las actuaciones cuestionadas para establecer si se respetaron las normas procesales y las garantías de defensa.
“Mi libertad y el debido proceso están en riesgo: exijo justicia independiente e imparcial”, señala el documento difundido por Fernández. El exalcalde asegura que no solicita privilegios, sino que se garantice su derecho a comparecer, ser escuchado y ejercer una defensa efectiva dentro del proceso judicial.
Asimismo, denunció una presunta presión política por parte del actual alcalde y de funcionarios municipales. Según su interpretación, estos factores podrían estar influyendo en las decisiones relacionadas con su caso. Sin embargo, estas afirmaciones corresponden a su denuncia pública y no constituyen, por sí mismas, una demostración de interferencia política en la administración de justicia.
CUESTIONA LA GESTIÓN MUNICIPAL
En el mismo pronunciamiento, Fernández cuestionó diferentes aspectos de la actual administración municipal. Entre ellos, mencionó el incremento del pasaje del transporte público, que, según afirmó, habría pasado de Bs 3 a Bs 3,50, pese al compromiso de reducir la tarifa.
También sostuvo que la Alcaldía habría recaudado más de Bs 2.000 millones y pidió que se informe sobre el destino de esos recursos y las obras ejecutadas. Estas cifras y cuestionamientos forman parte de sus declaraciones y requieren contrastación con información presupuestaria y reportes oficiales de ejecución municipal.
Otro de los puntos señalados fue la entrega de paquetes escolares para estudiantes de primaria y secundaria, así como la distribución de computadoras. Fernández también cuestionó la presunta eliminación de un bono de Bs 400 que, según aseguró, estaba previsto en el Programa Operativo Anual (POA) 2026.
El exalcalde manifestó que estos temas deben ser respondidos con documentación y rendición de cuentas, y sostuvo que las controversias judiciales no deberían impedir que la ciudadanía conozca los resultados de la gestión municipal.
Finalmente, Fernández exigió una revisión objetiva e independiente de las decisiones judiciales, además de garantías para ejercer su defensa. La legalidad de los cambios de fecha, la declaratoria de rebeldía y la orden de aprehensión deberá establecerse a través de las instancias competentes. Del mismo modo, sus denuncias sobre presuntas presiones políticas requieren verificación.
Hasta el momento, el pronunciamiento difundido recoge la versión del exalcalde. Para establecer el desarrollo completo del caso también resulta necesario conocer los fundamentos de la autoridad judicial y la posición de las demás partes involucradas.
