El Gobierno nacional aprobó, mediante el Decreto Supremo N.º 5753, la Estrategia Nacional para la Conservación de la Biodiversidad y su Plan de Acción 2026-2030. La normativa establece 17 metas nacionales, 49 resultados esperados y 271 acciones orientadas a fortalecer la conservación, restauración y gestión sostenible del patrimonio natural de Bolivia.
La estrategia contempla cuatro ámbitos de intervención: fortalecimiento normativo, institucional, de gobernanza y financiamiento; gestión sostenible de los ecosistemas; conservación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad; y gestión del conocimiento. Estos ejes buscan orientar las políticas públicas y establecer mecanismos para evaluar los avances en la protección de los recursos naturales.
Entre las principales prioridades se encuentran el fortalecimiento de las áreas protegidas, la recuperación de ecosistemas degradados, la incorporación de criterios de biodiversidad en la planificación territorial y del desarrollo, la reducción de amenazas a las especies y el impulso a la investigación científica. La estrategia también establece metas, resultados e indicadores para hacer seguimiento a las acciones previstas hasta 2030.
De acuerdo con los datos consignados en el documento, Bolivia cuenta con 211 áreas protegidas nacionales y subnacionales, que abarcan el 35,22 % del territorio nacional. Asimismo, la estrategia plantea fortalecer las denominadas Otras Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Áreas (OMEC), que complementan los sistemas tradicionales de protección y contribuyen a preservar ecosistemas mediante distintas formas de gestión territorial.
El plan también vincula la conservación con las actividades productivas y los medios de vida de las comunidades. Entre las alternativas identificadas figuran el aprovechamiento sostenible de productos forestales, como la castaña, la goma y el asaí, además de recursos de fauna silvestre sujetos a planes de manejo y normativa específica, como la fibra de vicuña y los productos derivados del lagarto. Para avanzar en estos objetivos, se plantea fortalecer la coordinación entre el Estado, los pueblos indígenas, las comunidades locales, la academia, la sociedad civil y los sectores productivos.
El Decreto Supremo N.º 5753 abroga el Decreto Supremo N.º 26556, de 19 de marzo de 2002, y establece que su aplicación no implicará recursos del Tesoro General de la Nación (TGN). La implementación de la estrategia plantea el desafío de traducir las metas en resultados verificables mediante la coordinación institucional, el seguimiento de indicadores y la movilización de recursos. La hoja de ruta establece objetivos hacia 2030 para fortalecer la conservación de la biodiversidad y promover el desarrollo sostenible del país.
