El periodista Mario Marañón Albarracín cuestionó la administración de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo y puso en debate la diferencia entre el crecimiento de la recaudación mensual y los recursos destinados al pago de prestaciones para los jubilados, según un análisis de cifras correspondiente al periodo de enero a agosto de 2026.
De acuerdo con los datos citados en su artículo de opinión, la recaudación del Fondo de Capitalización Individual (FCI), sin incluir los vencimientos de inversiones, pasó de Bs 810,76 millones en enero a Bs 881,08 millones en agosto, lo que representa un incremento del 8,7 %. En julio, el monto habría alcanzado Bs 903,45 millones. En el mismo periodo, los pagos de prestaciones y beneficios habrían subido de Bs 712,46 millones a Bs 726,96 millones, un aumento cercano al 2 %.
El autor sostiene que estas cifras deben analizarse junto con la cantidad de aportantes activos, ya que una mayor recaudación no necesariamente significa que haya más trabajadores cotizando. También cuestiona la disponibilidad de información pública comparable sobre los aportantes mensuales y plantea interrogantes sobre la transparencia y la sostenibilidad del sistema previsional.
Marañón también critica que, mientras se difunden resultados financieros positivos, muchos jubilados continúan enfrentando dificultades para cubrir sus necesidades cotidianas. En su análisis, cuestiona los gastos administrativos y las campañas de comunicación de la institución; sin embargo, las afirmaciones sobre supuestos lujos, salarios elevados y el destino de los recursos requieren verificaciones documentales independientes.
El artículo diferencia, además, las rentas del Sistema Integral de Pensiones administrado por la Gestora de las prestaciones del antiguo Sistema de Reparto, a cargo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR). Para 2026, el Gobierno aprobó un incremento del 18,12 % para las rentas del Sistema de Reparto, calculado en función de la variación de la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV) y distribuido de manera inversamente proporcional. Esta medida corresponde a ese sistema y no debe confundirse con las prestaciones del sistema administrado por la Gestora.
La discusión plantea interrogantes sobre la evolución de los aportes, la cantidad de cotizantes activos, los costos de administración y el poder adquisitivo de los jubilados. Para establecer conclusiones, es necesario contrastar las cifras del artículo con los informes oficiales y conocer la posición de la Gestora sobre los datos y cuestionamientos expuestos.
