La defensa legal del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset solicitó a un juez federal de Estados Unidos suspender el registro de uno de los teléfonos celulares vinculados a su caso, hasta que se aclare cómo fue obtenido el dispositivo y bajo qué procedimientos llegó a manos de la Administración de Control de Drogas (DEA). Los abogados cuestionan las circunstancias de la incautación y solicitan explicaciones sobre la legalidad del procedimiento.
Según un reporte especializado en crimen organizado y corrupción, el teléfono fue enviado desde Bolivia a la DEA a mediados de abril. Sin embargo, la defensa sostiene que recién recibió una notificación sobre el dispositivo a finales de julio, situación que, según los abogados, genera dudas sobre el manejo de la evidencia y la cadena de custodia.
Marset fue capturado el 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra. Tras el operativo, las autoridades bolivianas confiscaron tres teléfonos celulares en su vivienda y posteriormente se habría encontrado un cuarto dispositivo en una casa adyacente. La defensa cuestiona que no esté claro cuándo se halló ese último teléfono ni si el procedimiento se realizó bajo instrucciones de la DEA o conforme a la legislación boliviana.
En una moción presentada el 23 de octubre, los abogados señalaron que no se habría elaborado un informe contemporáneo sobre la cadena de custodia. También afirmaron que la DEA extrajo información del teléfono sin una orden judicial, debido a que el agente a cargo habría considerado que Marset había consentido previamente el registro de otros dispositivos. Estas afirmaciones forman parte de los argumentos presentados por la defensa ante la justicia estadounidense.
Los abogados también acusaron a la agencia antidrogas de intentar obtener de la madre de Marset las frases de acceso a cuentas que contienen activos digitales y de solicitarle posteriormente la donación de cuatro millones de dólares en criptoactivos. El abogado uruguayo Santiago Moratorio sostuvo que estas actuaciones requieren una explicación, al considerar que las claves de acceso permiten mover fondos y no únicamente asegurarlos.
Las acusaciones fueron rechazadas por el agente principal de la DEA, según el reporte. Ahora, la controversia se centra en las circunstancias en que se obtuvo el teléfono, el procedimiento utilizado para acceder a sus datos y el manejo de la evidencia. La solicitud de la defensa deberá ser considerada por el juez federal a cargo del caso, mientras las objeciones planteadas permanecen sujetas a evaluación judicial.
