Bolivia cuenta con una nueva Estrategia Nacional para la Conservación de la Biodiversidad y su Plan de Acción 2026-2030, aprobada mediante el Decreto Supremo N.º 5753. El instrumento establece una hoja de ruta para fortalecer la protección de los ecosistemas y vincular la conservación del patrimonio natural con el desarrollo sostenible, después de 24 años del marco normativo anterior, establecido en 2002.
El viceministro de Medio Ambiente, Cambio Climático, Desarrollo Forestal y Biodiversidad, Jorge E. Ávila, destacó que la estrategia tendrá alcance nacional y no estará limitada a las áreas protegidas. Según explicó, el objetivo es garantizar la estabilidad de la biodiversidad en todo el territorio boliviano, con medidas adaptadas a las características del altiplano, los valles, los bosques y la Amazonía.
La estrategia contempla 17 metas, 49 resultados esperados y 271 acciones estratégicas, organizadas en cuatro ámbitos de intervención. Estos comprenden el fortalecimiento institucional y normativo; la gestión sostenible de los ecosistemas y las áreas protegidas; la conservación y el aprovechamiento responsable de la biodiversidad; y la investigación y generación de conocimiento.
El nuevo instrumento también busca contribuir al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Bolivia en el marco del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, con horizonte al año 2030. La planificación pretende establecer prioridades y acciones concretas para fortalecer la gestión ambiental y orientar los esfuerzos de conservación en las distintas regiones del país.
La aprobación del Decreto Supremo N.º 5753 actualiza el marco establecido por el Decreto Supremo N.º 26556, del 19 de marzo de 2002, que aprobó la anterior Estrategia Nacional de Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad. Ávila señaló que la nueva estrategia debe convertirse en una herramienta efectiva de gestión pública, con resultados que puedan medirse y evaluarse, y no quedar únicamente como un documento de planificación.
La implementación requerirá coordinación entre el Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, los gobiernos subnacionales, los sectores productivos, la academia, los pueblos indígenas y las comunidades locales. El desafío será traducir las metas y acciones previstas en resultados verificables que contribuyan a proteger la biodiversidad y fortalecer las bases de un desarrollo sostenible en Bolivia.
