Bangladés atraviesa una nueva ola de protestas laborales en su industria textil, uno de los principales motores de su economía. Miles de trabajadores salieron a las calles para exigir un aumento del salario mínimo mensual, que actualmente se encuentra en 12.500 takas, aproximadamente 100 dólares, y que buscan elevar a 30.000 takas, unos 242 dólares.
Las movilizaciones comenzaron el sábado 31 de octubre y se intensificaron durante los días siguientes en zonas industriales cercanas a Daca, la capital del país. Los trabajadores argumentan que el incremento de los precios de los alimentos, el alquiler, el transporte y otros productos básicos ha reducido su capacidad para cubrir las necesidades familiares.
El conflicto ya provocó la suspensión temporal de cientos de fábricas y bloqueos de carreteras y autopistas. Durante los enfrentamientos, la Policía utilizó gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar a los manifestantes. También se reportaron trabajadores heridos, detenciones y daños a instalaciones industriales y vehículos.
La situación dejó además consecuencias fatales. Human Rights Watch informó que Toufiq Hossain, trabajador del sector textil, murió el 3 de noviembre después de resultar golpeado durante los disturbios. La organización también expresó preocupación por las detenciones de dirigentes sindicales y el uso de la fuerza contra los manifestantes.
La dimensión del conflicto es enorme: la industria de confecciones de Bangladés emplea aproximadamente a cuatro millones de personas, muchas de ellas mujeres, y genera más del 80% de los ingresos por exportaciones del país. Su producción abastece a importantes marcas internacionales, entre ellas H&M, Zara y Walmart.
El miércoles 4 de noviembre, la comisión gubernamental encargada de revisar los salarios acordó implementar una nueva estructura salarial a partir de diciembre. Sin embargo, todavía no se definió cuánto aumentarán los sueldos. Los trabajadores esperan recibir sus primeros pagos bajo la nueva escala en enero de 2027.
Pese a este anuncio, las movilizaciones continuaron el jueves 5 de noviembre. Más de 100 fábricas suspendieron sus actividades en la zona industrial de Ashulia, mientras las autoridades reforzaron la presencia policial para evitar nuevos enfrentamientos y bloqueos.
El conflicto también pone en discusión la responsabilidad de las grandes marcas internacionales que fabrican sus prendas en Bangladés. Organizaciones sindicales sostienen que las empresas compradoras deben garantizar precios de adquisición que permitan a sus proveedores pagar salarios adecuados y mejorar las condiciones laborales.
Por su parte, los fabricantes advierten que enfrentan mayores costos de energía, producción y transporte, además de una fuerte competencia internacional. La disputa evidencia la tensión entre mantener los bajos costos que caracterizan a esta industria y garantizar condiciones de trabajo dignas para millones de personas.
La crisis deja una pregunta sobre la mesa: ¿puede la industria mundial de la moda seguir ofreciendo precios competitivos sin garantizar que quienes confeccionan sus prendas reciban salarios suficientes para vivir?
