La Defensoría del Pueblo exigió la adopción inmediata de medidas de protección para Javier Fernández Tuno, presidente de la Central Indígena de los Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP), y su entorno familiar, tras las denuncias de amenazas de muerte e intimidaciones. El dirigente habría sido amedrentado por su activismo contra la minería aurífera ilegal en la Amazonía boliviana.
Las amenazas estarían relacionadas con las acciones legales e institucionales impulsadas por los pueblos indígenas del Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II) frente a los impactos ambientales y sociales de la actividad minera en el río Madre de Dios. En esa zona operarían numerosas balsas y dragas para la extracción de oro, una actividad que utiliza mercurio y genera preocupación por sus efectos en el agua, la salud y los ecosistemas.
Mediante un pronunciamiento, la institución defensorial advirtió que las intimidaciones contra dirigentes indígenas afectan los derechos colectivos y el tejido social de las comunidades amazónicas. Asimismo, recordó que el Acuerdo de Escazú, ratificado por Bolivia mediante la Ley 1182 del 4 de junio de 2019, establece obligaciones estatales para garantizar un entorno seguro a quienes defienden los derechos humanos y denuncian daños ambientales.
Como parte de las acciones inmediatas, la delegada defensorial departamental de Pando, Cinthya Jordán, remitió el 29 de octubre requerimientos oficiales al Comando Departamental de la Policía y a la Fiscalía de Pando. A la Policía solicitó evaluar el nivel de riesgo que enfrentan Fernández y su familia, activar mecanismos de protección y resguardar la confidencialidad de sus datos para evitar una mayor exposición al peligro.
En una nota dirigida a la fiscal departamental, Adriana Rodríguez Melena, la Defensoría pidió iniciar las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables de las amenazas y establecer las sanciones que correspondan. También requirió gestionar medidas de protección dentro del sistema de atención a víctimas y testigos, con el propósito de garantizar la integridad del dirigente y de sus familiares.
La Defensoría del Pueblo anunció que realizará un seguimiento estricto a las actuaciones de la Policía y el Ministerio Público, así como a las acciones de las autoridades agroambientales y de los ministerios competentes. La institución señaló que buscará garantizar la seguridad de Fernández, el respeto al debido proceso y la protección de quienes defienden la Amazonía, los derechos colectivos de los pueblos indígenas y la Madre Tierra.
