Autoridades chilenas desarticularon una organización criminal dedicada al robo de vehículos en la región de Tarapacá para su posterior comercialización en Bolivia. El operativo, denominado “Familia Quirquincho”, fue resultado de una investigación de aproximadamente un año y medio y dejó 28 personas detenidas, todas de nacionalidad chilena, además del allanamiento de 44 inmuebles.
La fiscal regional de Tarapacá, Virginia Aravena, informó que la organización operaba principalmente en Iquique y Alto Hospicio, desde donde sustraía los motorizados para trasladarlos hacia Bolivia a través de pasos fronterizos no habilitados. Según la investigación, la estructura tenía distintos niveles de funcionamiento, con financistas, responsables de los robos y conductores encargados de llevar los vehículos hasta la frontera.
De acuerdo con la explicación de la Fiscalía, el grupo identificaba automóviles de interés en la vía pública, los fotografiaba y enviaba las imágenes por WhatsApp a posibles compradores en Bolivia. Una vez acordado el precio, los vehículos eran sustraídos mediante equipos tecnológicos especializados. Los pagos se realizaban principalmente en dólares, aunque también se habrían aceptado drogas y armas como parte de las transacciones.
El director nacional de Orden y Seguridad, Rodrigo Espinoza, confirmó que entre los detenidos hay personas menores de edad. En el operativo participaron cerca de 400 funcionarios de Carabineros, quienes realizaron allanamientos en 44 inmuebles de Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte y Santiago. También fueron registradas seis celdas en recintos penitenciarios de Arica, Alto Hospicio y La Serena, donde permanecían recluidos presuntos integrantes de la organización que, según las indagaciones, continuaban participando en sus actividades.
Durante los procedimientos se incautaron teléfonos celulares, equipos electrónicos, documentación, drogas, armas y municiones. Entre los elementos encontrados destacan programadores, escáneres automotrices y llaves programables, herramientas que, según las autoridades, evidencian la preparación tecnológica utilizada para sustraer los vehículos. La investigación también permitió identificar posibles conexiones con otras actividades ilícitas, como el tráfico de armas y drogas.
Las autoridades chilenas señalaron que las investigaciones continúan para establecer el alcance de la organización y las responsabilidades de sus integrantes. El caso también pone en evidencia la ruta de comercialización ilegal de vehículos robados hacia Bolivia, mediante cruces fronterizos clandestinos, y la posible participación de compradores que coordinaban las transacciones desde territorio boliviano.
