La disminución de los niveles de agua en las represas que abastecen a La Paz y El Alto genera preocupación ante el riesgo de dificultades en la provisión de agua potable. El investigador y consultor en agua y medio ambiente, José María Herbas Postigo, denunció presuntas irregularidades en la actuación de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), a la que cuestiona por una supuesta falta de fiscalización y demoras en la obtención de información técnica clave para prevenir posibles racionamientos.
Según la denuncia, las elevadas temperaturas y el retraso de las precipitaciones de recarga, en un contexto de vulnerabilidad climática asociado al fenómeno de El Niño, estarían agravando la situación de las reservas de agua. Herbas Postigo sostiene que la autoridad reguladora debe exigir información actualizada sobre la disponibilidad del recurso y las medidas de contingencia para garantizar el abastecimiento a la población.
Uno de los puntos más preocupantes del informe es la situación del Sistema Pampahasi, que abastece a más de 350.000 habitantes de la zona Sur de La Paz, incluidos sectores como Obrajes, Calacoto, Achumani, Irpavi y Chasquipampa, además de áreas pobladas de Palca y Mecapaca.
De acuerdo con los datos técnicos presentados por el investigador, la represa de Ajuankhota se encontraría al 15% de su capacidad útil, mientras que Hampaturi Bajo registraría aproximadamente un 30%. El reporte advierte que estos niveles requieren una evaluación detallada del volumen de agua realmente disponible para su tratamiento y distribución, considerando también los sedimentos acumulados en los embalses.
A estas observaciones se suma la denuncia de presuntas fugas de agua en el frontis de la nueva represa Alto Hampaturi. El investigador también cuestiona que, según su reporte, no se habría auditado adecuadamente el estado operativo de los pozos de contingencia ni la seguridad física de la aducción provisional en Callapa, aspectos que considera fundamentales para responder ante una eventual reducción del suministro.
Herbas Postigo también cuestionó los tiempos de respuesta de la AAPS. Según la documentación que cita, el 24 de septiembre solicitó formalmente que se cumplieran las labores de fiscalización y, posteriormente, la autoridad informó que el 5 de octubre había trasladado la consulta a la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), otorgándole un plazo de 90 días hábiles para presentar el balance hídrico y el informe sobre los pozos. El investigador considera que esta demora dificulta contar oportunamente con información indispensable para prevenir una posible emergencia.
La denuncia pone sobre la mesa la necesidad de transparentar los datos sobre las reservas disponibles, verificar el estado de la infraestructura y establecer medidas preventivas ante una eventual crisis hídrica. Sin embargo, los datos expuestos corresponden al reporte presentado por el investigador y las acusaciones contra la entidad reguladora deben ser contrastadas con la documentación oficial y la respuesta de las instituciones involucradas.
Hasta contar con información oficial actualizada sobre los niveles de las represas y las medidas adoptadas, no corresponde afirmar que ya existen racionamientos o cortes programados. La preocupación central es la capacidad de anticiparse a un posible escenario de escasez y garantizar que la población reciba información clara y oportuna.
