El vicepresidente Edmand Lara Montaño se pronunció este jueves sobre la aprehensión del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y pidió que el caso se desarrolle respetando la Constitución, las leyes y el debido proceso. La autoridad sostuvo que nadie está por encima de la ley y señaló que las denuncias por corrupción, narcotráfico u otros delitos deben ser investigadas y, si corresponde, sancionadas mediante las instancias establecidas.
En su pronunciamiento, Lara afirmó que cualquier aprehensión debe realizarse conforme al marco legal boliviano y bajo la dirección funcional del Ministerio Público. El vicepresidente, que se encuentra en Madrid participando en un foro internacional, remarcó que las investigaciones deben respetar las garantías y procedimientos establecidos por la legislación nacional.
Asimismo, la autoridad cuestionó la posibilidad de que agentes policiales extranjeros intervengan directamente en funciones de aprehensión dentro del territorio boliviano. Señaló que ningún efectivo de la DEA u otra institución extranjera puede ejercer esas atribuciones al margen de las leyes nacionales y sostuvo que, cuando una persona es requerida por la justicia de otro país, deben activarse los mecanismos de cooperación judicial y extradición correspondientes.
Lara también se refirió a la situación institucional que podría generarse ante una eventual ausencia o impedimento del Fiscal General del Estado. En ese contexto, afirmó que el presidente Rodrigo Paz no tendría atribución para designar mediante decreto a un fiscal general interino, y sostuvo que la Constitución establece un procedimiento específico para la designación de la máxima autoridad del Ministerio Público.
Según el pronunciamiento, el artículo 227 de la Constitución establece que la designación debe realizarse con el voto de dos tercios de la Asamblea Legislativa. Además, Lara hizo referencia al artículo 25 de la Ley 260, que regula el régimen de suplencias y el orden de prelación dentro del Ministerio Público para estos casos.
Finalmente, el vicepresidente insistió en que las actuaciones relacionadas con Mariaca y cualquier eventual reemplazo en la Fiscalía deben sujetarse al marco institucional vigente. Su pronunciamiento plantea como principios centrales el respeto a la Constitución, la aplicación de la ley y las garantías del debido proceso mientras avanzan las investigaciones correspondientes
