Santa Cruz se convirtió este miércoles en sede excepcional de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en una jornada en la que las cámaras de Diputados y Senadores aprobaron una norma que modifica la fuente de financiamiento de varias obligaciones departamentales.
La Ley de Reasignación de Obligaciones Financieras establece que el nivel central del Estado asumirá, desde la gestión 2026, el financiamiento del prediario y los gastos de funcionamiento del Régimen Penitenciario, además del Bono de Vacunación.
La norma fue aprobada por dos tercios en la Cámara de Diputados durante su 192.ª Sesión Ordinaria, instalada en Santa Cruz en el marco de los actos por la efeméride departamental.
Horas después, la Cámara de Senadores sesionó en la capital cruceña y sancionó la norma por unanimidad, por lo que el proyecto deberá ser remitido al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
Con el cambio, las gobernaciones dejarán de destinar recursos propios al financiamiento de estas obligaciones, lo que permitirá liberar aproximadamente Bs 208 millones para los nueve gobiernos autónomos departamentales.
De acuerdo con las estimaciones presentadas durante el tratamiento legislativo, Santa Cruz dispondrá de unos Bs 56 millones, mientras que La Paz tendrá Bs 47 millones y Cochabamba aproximadamente Bs 30 millones.
Potosí contará con Bs 18 millones, Tarija con Bs 16 millones, Beni con Bs 15 millones y Chuquisaca con Bs 13 millones, según la distribución expuesta durante la aprobación de la norma.
Oruro y Pando dispondrán de aproximadamente Bs 7 millones cada uno, completando los Bs 208 millones que serán liberados para los gobiernos departamentales.
El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, destacó que las competencias asignadas a las entidades territoriales deben estar acompañadas por los recursos necesarios para su cumplimiento.
“Las competencias sin recursos privan a la gente de tener agua, caminos, mejor educación y mejor salud”, afirmó Velasco al referirse al impacto que tendrá la reasignación sobre las finanzas departamentales.
La vicegobernadora Paola Aguirre señaló que la aprobación representa una reivindicación de la autonomía departamental y sostuvo que permitirá fortalecer la capacidad operativa de la Gobernación.
La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, María René Álvarez, indicó que solo el financiamiento del prediario representaba para la Gobernación un gasto cercano a Bs 60 millones anuales.
La norma establece que el Ministerio de Gobierno asumirá el costo del prediario y los gastos de funcionamiento del Régimen Penitenciario a nivel nacional, mientras que el Ministerio de Salud y Deportes será responsable del Bono de Vacunación.
La legislación también dispone la derogación de una disposición de la Ley 3302 de 2005, relacionada con estas obligaciones dentro del régimen de administración presupuestaria.
Además de la aprobación de esta norma, la Cámara de Diputados trató otros proyectos relacionados con infraestructura, salud, patrimonio y atención de desastres en el departamento de Santa Cruz.
Entre las iniciativas se incluyeron proyectos para el nuevo hospital oncológico, la ampliación de la avenida Banzer hacia el aeropuerto internacional de Viru Viru y obras destinadas a mejorar la infraestructura vial.
La jornada legislativa también estuvo marcada por homenajes al departamento de Santa Cruz por los 216 años de la Gesta Libertaria de 1810, reconocimientos que fueron recibidos por autoridades departamentales y municipales.
La Ley de Reasignación de Obligaciones Financieras entra ahora en la siguiente etapa del procedimiento, a la espera de su promulgación y posterior aplicación.
