El Gobierno declaró de prioridad la reorganización, disolución y/o liquidación de las empresas públicas del nivel central del Estado, mediante el Decreto Supremo 5727.
La norma fue emitida después de un gabinete virtual encabezado por el presidente Rodrigo Paz desde Estados Unidos y establece un procedimiento para evaluar la situación de las empresas públicas y definir las medidas que correspondan.
De acuerdo con el decreto, estos procesos deberán sustentarse en un diagnóstico técnico elaborado por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) y aprobado por el Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (COSEEP).
Una vez que el COSEEP apruebe una resolución con recomendaciones de reorganización, el ministerio responsable de cada sector deberá gestionar los instrumentos normativos necesarios en un plazo máximo de 15 días hábiles.
Dependiendo de la norma con la que fue creada cada empresa, el proceso podrá avanzar mediante un nuevo decreto supremo o a través de un anteproyecto de ley.
El inicio de una eventual reorganización no implicará la suspensión de las operaciones de las empresas públicas, según establece la disposición gubernamental.
La norma también señala que la determinación de responsabilidades será tramitada de manera paralela e independiente a los procesos de reorganización, disolución o liquidación.
En caso de que una empresa sea sometida a disolución o liquidación, las investigaciones, auditorías o procesos administrativos relacionados con la determinación de responsabilidades no suspenderán ese procedimiento.
Asimismo, la liquidación de una empresa pública no eximirá de responsabilidad a los servidores o exservidores públicos que estén vinculados con su administración.
El Gobierno establece de esta manera un mecanismo para revisar la situación de las empresas públicas del nivel central y determinar, caso por caso, si corresponde reorganizarlas, disolverlas o iniciar su liquidación.
La medida se conoce después de que el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Andrés Morales, adelantara que el Ejecutivo comenzaría en el corto plazo el cierre de un grupo de entre ocho y diez empresas públicas.
El anuncio forma parte de una agenda de revisión de las empresas estatales y de sus estructuras administrativas y financieras, en el marco de las modificaciones al Presupuesto General del Estado para la gestión 2026.
El Decreto Supremo 5727 establece que las decisiones deberán basarse en los diagnósticos técnicos y en los procedimientos establecidos por las instituciones responsables de cada empresa.
El proceso continuará ahora con la evaluación correspondiente y la definición de los instrumentos legales necesarios para cada caso.
Mientras avanzan estas acciones, las empresas públicas mantendrán sus operaciones hasta que se adopten las decisiones específicas que correspondan en cada institución.
