La crisis política y social en Bolivia escaló este miércoles 20 de mayo con un fuerte cruce diplomático entre el Gobierno de Rodrigo Paz y el presidente colombiano Gustavo Petro, mientras Estados Unidos expresó públicamente su respaldo a la administración boliviana y rechazó cualquier intento de desestabilización del orden constitucional.
El conflicto diplomático comenzó luego de que Gustavo Petro calificara la situación boliviana como una “insurrección popular” y ofreciera una posible mediación. En respuesta, el canciller boliviano Fernando Aramayo anunció la expulsión de la embajadora colombiana Elizabeth García Carrillo, declarada persona no grata y con un plazo de 72 horas para abandonar el país. Aramayo acusó al mandatario colombiano de intervenir en asuntos internos y lanzó duras críticas contra Evo Morales, a quien desafió públicamente a presentarse ante la justicia boliviana.
“El ataque de Petro es un ataque a la democracia boliviana”, afirmó posteriormente el presidente Rodrigo Paz, quien respaldó la decisión de su Cancillería y aseguró que no permitirá injerencias externas en medio de los conflictos que atraviesa el país. El mandatario sostuvo que Bolivia enfrenta intentos de desestabilización impulsados por sectores radicales que buscan romper el orden democrático mediante bloqueos y movilizaciones violentas.
En paralelo, Estados Unidos manifestó su apoyo al Gobierno boliviano. El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que Washington respalda “firmemente” al gobierno constitucional de Rodrigo Paz y advirtió que no permitirá que “criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente”. El pronunciamiento se produjo mientras continúan las protestas y bloqueos en distintas regiones del país, que ya superan las tres semanas.
Las tensiones también crecieron luego de que Evo Morales negara que su organización política “Evo Pueblo” esté promoviendo la renuncia de Rodrigo Paz. Durante una entrevista con un medio internacional, el exmandatario aseguró que las movilizaciones buscan únicamente que el Gobierno atienda las demandas sociales y económicas de la población, además de rechazar las acusaciones que vinculan a su sector con hechos violentos y financiamiento de protestas.
