El expresidente Evo Morales propuso este miércoles convocar a elecciones generales en un plazo de 90 días como salida a la crisis política y social que atraviesa Bolivia tras más de 20 días de protestas y bloqueos en distintas regiones del país.
Desde el Trópico de Cochabamba, donde permanece resguardado por sus seguidores, Morales afirmó que “la única forma de resolver” la situación actual es acortar el mandato del presidente Rodrigo Paz y llamar a nuevos comicios. Según el exmandatario, esta medida permitiría “pacificar Bolivia” frente a la creciente conflictividad y la falta de gobernabilidad que, asegura, enfrenta el actual Gobierno.
Las declaraciones marcan un cambio en el discurso de Morales, quien horas antes había pedido diálogo y descartado públicamente impulsar un acortamiento de mandato. Sin embargo, el contexto político se agravó tras la radicalización de las movilizaciones y los episodios de violencia registrados en La Paz y El Alto.
El pedido de elecciones anticipadas se produce además mientras Morales enfrenta un proceso judicial por estupro en Tarija. El pasado 11 de mayo, un juzgado lo declaró rebelde luego de no presentarse a las citaciones fiscales dentro de la investigación. Esta situación fue utilizada por el Gobierno para cuestionar el liderazgo político del exmandatario y acusarlo de intentar desviar la atención de su situación judicial.
El canciller Fernando Aramayo reaccionó duramente a las declaraciones de Morales y aseguró que el expresidente debe responder ante la justicia antes de plantear soluciones políticas para el país. “No es algo inventado; es un proceso judicial real que se está investigando”, afirmó la autoridad en conferencia de prensa.
Aramayo también vinculó a sectores afines al evismo con la escalada de bloqueos y protestas que buscan la renuncia del presidente Rodrigo Paz. “¿Ese tipo de liderazgo queremos?”, cuestionó el canciller al referirse a las acusaciones que enfrenta Morales.
La crisis boliviana continúa generando tensión política, movilizaciones y repercusiones internacionales, mientras el Gobierno insiste en que no negociará ninguna salida que implique romper el orden constitucional.
