El presidente del Comité Pro Intereses de Tarija, Jesús Gira, planteó la posibilidad de iniciar un proceso judicial contra el expresidente Evo Morales, al considerar que existen elementos que podrían vincularlo con la actual conflictividad social y los bloqueos que se mantienen en diferentes regiones del país.
Las declaraciones surgen cuando Bolivia atraviesa más de seis semanas de movilizaciones y cortes de carreteras, situación que ha provocado problemas de abastecimiento, dificultades en el transporte y un creciente impacto económico.
Gira sostuvo que la justicia debería evaluar la responsabilidad de Morales no solo por los hechos recientes relacionados con los bloqueos, sino también por decisiones asumidas durante su gestión presidencial.
“Hay elementos suficientes para poder iniciarle un juicio a Morales por todo el daño que ha causado a nuestra patria en estos últimos acontecimientos como también otros hechos”, afirmó el dirigente cívico tarijeño.
Asimismo, señaló que las declaraciones realizadas recientemente por el exmandatario podrían constituir indicios de una participación activa en la promoción de las medidas de presión que afectan al país. En ese sentido, consideró que corresponde a las instancias judiciales determinar si existen responsabilidades penales.
El líder cívico remarcó que esta eventual acción legal sería independiente del proceso que enfrenta Morales en Tarija por el delito de trata de personas agravada, caso por el cual ya existe una imputación fiscal.
A la postura de los cívicos se sumó el diputado de Alianza Unidad, Rodrigo Fuenzalida, quien pidió al Ministerio Público abrir una investigación de oficio para esclarecer el papel del exjefe de Estado en las movilizaciones.
“El señor Evo Morales es el principal incitador de las movilizaciones y ayuda a financiar los bloqueos. Además, el hecho de faltar respeto a un gobierno democráticamente electo y de violentar derechos constitucionales, como derecho al tránsito, a la vida y a la alimentación”, manifestó el legislador.
Fuenzalida señaló que las instituciones del Estado, junto con organizaciones cívicas y representantes políticos, deberían reunir pruebas que permitan sustentar una eventual denuncia formal. Según afirmó, las consecuencias de los bloqueos han afectado derechos fundamentales de la población y generado perjuicios en distintos sectores económicos.
El debate sobre la responsabilidad de Morales se produce mientras continúan las protestas en varias regiones del país y persisten las diferencias entre el Gobierno y los sectores movilizados. Desde el Chapare, el exmandatario mantiene presencia pública y respaldo a las medidas de presión impulsadas por organizaciones afines.
Las declaraciones de los representantes cívicos y legislativos reavivan la discusión sobre el alcance de las responsabilidades políticas y legales en torno a una crisis que ya supera los 43 días y que continúa impactando en la vida cotidiana de miles de bolivianos.
