La defensa del expresidente Luis Arce anunció que presentará una queja ante un juez constitucional y analiza iniciar una querella penal contra el juez Román Castro Quisbert, a quien acusa de no haber cumplido plenamente una resolución constitucional relacionada con la situación jurídica y médica del exmandatario. El abogado Fernando Rivadeneira señaló que la defensa considera que existen elementos para cuestionar la actuación judicial.
Rivadeneira informó que la defensa ya presentó una apelación contra la decisión que mantiene a Arce con detención preventiva y que recurrirá a otras instancias para impugnar las determinaciones adoptadas durante el proceso. Según el abogado, el objetivo es que se cumplan las disposiciones establecidas en la resolución constitucional y se revisen las medidas aplicadas al expresidente.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con los certificados médicos presentados por Arce. La defensa observa que el juez exigió que estos documentos sean homologados por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y que establezcan expresamente la existencia de una enfermedad grave para considerar determinadas medidas, aspecto que Rivadeneira considera incompatible con lo dispuesto anteriormente por una instancia constitucional.
El abogado sostuvo además que durante la audiencia se reconocieron negativas anteriores a solicitudes de salidas médicas del expresidente y que una acción de libertad había identificado una posible vulneración de derechos. Sin embargo, afirmó que las medidas posteriormente adoptadas por el juez no cumplirían de manera plena con esa resolución, por lo que la defensa decidió acudir nuevamente a la vía constitucional.
Rivadeneira también cuestionó la actuación del juez y afirmó que, desde la perspectiva de la defensa, existiría una relación de subordinación respecto al Órgano Ejecutivo. Estas afirmaciones corresponden a la posición del abogado y fueron planteadas como parte de los argumentos para anunciar una eventual querella penal, que, según indicó, podría ser presentada en el departamento de Santa Cruz.
Otro de los reclamos de la defensa se refiere al tiempo otorgado durante la audiencia para presentar sus argumentos. Rivadeneira señaló que los tres abogados que participaron tuvieron aproximadamente 10 minutos para fundamentar su posición y consideró insuficiente ese periodo. La defensa anunció que continuará utilizando los recursos legales disponibles para cuestionar la decisión y buscar el cumplimiento de las determinaciones constitucionales relacionadas con la situación de Arce.
