El exministro de Defensa Edmundo Novillo quedó aprehendido este miércoles después de prestar su declaración informativa ante la Fiscalía. La exautoridad fue trasladada a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, donde permanecerá a la espera de su audiencia de medidas cautelares por el denominado caso “Radares”.
Novillo, quien ejerció funciones durante el gobierno de Luis Arce, acudió voluntariamente a declarar pasado el mediodía. La investigación lo vincula con presuntas irregularidades en la adquisición e implementación del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (SIDACTA), proceso por el que el Ministerio de Defensa presentó una querella penal contra 19 personas.
Los investigados enfrentan presuntas responsabilidades por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos para el Estado y daño económico al Estado. Según los antecedentes del caso, el posible perjuicio económico superaría los 1.478 millones de bolivianos, monto que deberá ser establecido dentro de las investigaciones correspondientes.
En el proceso también figuran los exministros Reymi Ferreira y Javier Zavaleta, de los gobiernos de Evo Morales, y Fernando López, quien ejerció el cargo durante la administración de Jeanine Áñez. Según información presentada por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, Ferreira firmó el contrato original y sus dos primeras modificaciones; Zavaleta suscribió la tercera y cuarta; López, la quinta; y Novillo, las dos últimas.
El proyecto fue adjudicado en 2016 a la empresa francesa Thales Air Systems por más de 191 millones de euros, con recursos del Tesoro General del Estado. La contratación contemplaba la instalación de 13 radares civiles y militares, centros de control, sistemas de comunicación, infraestructura, software, capacitación y transferencia tecnológica.
El contrato original establecía un plazo de ejecución de 31 meses, pero siete modificaciones ampliaron ese periodo a 82 meses. Las pruebas y la demostración final se realizaron aproximadamente 98 meses después de la contratación. Además, una auditoría identificó observaciones en el funcionamiento de los equipos: de los 13 radares instalados, dos operaban sin observaciones, nueve presentaban reparos técnicos y otros dos estaban fuera de servicio. Novillo aguarda ahora su audiencia de medidas cautelares, en la que se definirá su situación jurídica.
