viernes, abril 19, 2024
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Economía para la crisis – Alberto Bonadona Cossío

Alberto Bonadona Cossío

Una cifra en apariencia inocente salió a la luz la semana anterior: los precios en el mes de septiembre en promedio cayeron en 1%. Quiere decir que el conjunto de precios de productos y servicios consumidos por la población boliviana son, 1% más baratos que el mes anterior. Esta cifra se refiere a más de 350 productos y, por cierto, no todos bajaron de precio al unísono; unos bajaron más que otros y algunos hasta aumentaron. En promedio, medidos por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), cayeron en -1%.

Esto, aparentemente, puede hacer feliz a cualquier jefe de familia porque con su dinero puede comprar un 1% más de lo que, en promedio, compraba el mes de agosto. Sin embargo, otra cifra asoma en la escena que muestra lo que está ocurriendo con la producción en todo el país. Revela que el -1% no es nada inocente. Es una cifra que incorpora a todos los bienes y servicios producidos en el país y destapa una caída del 11,11% en el segundo trimestre de 2020. La producción de Bolivia en esos meses de pandemia y encierro forzado cayó como nunca lo hizo. Este desmoronamiento de la producción muestra que también cayó el ingreso y el bienestar de la gente; por eso es que los precios cayeron.

Que la producción nacional muestre un -11,11% de disminución es una llamada de atención para actuar al respecto. Un ministro que ignora lo que es la economía, aunque ocupa el prominente ministerio del mismo nombre, sale con el consejo al próximo gobierno de la gran solución, devaluar la moneda nacional. Argentina se devalúa cada día y no mejora hace más de medio siglo y supera a Bolivia en la caída de su PIB en el segundo trimestre con un -12,55%.

Bolivia tiene alternativas para enfrentar esta caída. Mucha gente se pregunta de dónde se sacará el dinero para solucionar semejante caída del producto interno. Y la respuesta es sencilla; del Banco Central que debe emitir bolivianos para aumentar el gasto fiscal, para pagar sueldos, para honrar su deuda millonaria con las empresas de construcción, para que la gente desempleada o que ha visto su actividad productiva disminuida por la caída de los precios de las materias primas (en sí, toda la población trabajadora de Bolivia) y ahondada mortalmente por la pandemia, tengan una forma de ingreso y puedan consumir. De otra manera, la salud de esta economía se empeorará y la solución requerirá medidas muy duras que, como siempre, afectará a los más pobres y no tan pobres ciudadanos de este país, que suman más del 90% de la población.

Por supuesto, ese gasto necesita respaldo y debe venir de dos fuentes. Primero, un programa económico que se divide en dos grandes líneas; una, orientada a rescatar a los sectores productivos que tienen capacidad ociosa. Dos, a la vez se planteé cómo aumentar la producción con inversiones publicas y privadas en sectores clave que pueden contribuir en el plazo más inmediato (se destaca el turismo que debe reactivarse paulatinamente y crear más atracciones) y a lo largo de plazos de 2 a 5 y más años, la generación de productos que son identificables como potenciales creadores de riqueza de manera relativamente acelerada. Estos se encuentran abundantemente en la rica naturaleza del territorio nacional. Van desde la almendra al tarwi, desde los camélidos a los peces de ríos, lagos y estanques. Productos de todos los pisos ecológicos que se pueden aprovechar combinando los recursos que tienen los municipios y el conocimiento que las universidades deben aportar a mejorar su productividad, transformación, y comercialización. Generada irrupción

La segunda fuente es el crédito internacional que, en este único momento pandémico, abre una oportunidad gigantesca de apoyo a países como Bolivia: pobres, desesperados, pero con potencialidades productivas. Estas últimas, por cierto, no están en los proyectos faraónicos y de desperdicio de recursos que proliferaron en los años de gobierno del MAS. El nuevo gobierno debe negociar en los más altos niveles de los organismos multilaterales y bilaterales, un apoyo de al menos un 25% del PIB, esto es, cerca de 10.000 millones de dólares. De esta manera se fortalecen las reservas, se crea confianza en la población y se impulsa la producción nacional. Esta es la economía que la crisis exige y se aleja de imponer más austeridad a una población que siempre convivió con ella.

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