El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, afirmó que el Gobierno analiza alternativas para combatir el contrabando de garrafas de gas licuado de petróleo (GLP), sin afectar a las familias de menores ingresos. El anuncio se produce en medio de los problemas de abastecimiento registrados durante las últimas semanas en diferentes zonas de La Paz, donde numerosas personas realizaron largas filas para conseguir el combustible.
“Habrá un subsidio para los sectores más vulnerables”, aseguró la autoridad, al explicar que las medidas todavía se encuentran en evaluación junto con otras instancias y organismos internacionales. Blanco señaló que el Ejecutivo busca definir mecanismos que permitan garantizar el acceso al GLP para los hogares que dependen de este recurso para cocinar y desarrollar sus actividades cotidianas.
El ministro planteó que es necesario diferenciar los niveles de consumo para evitar que la subvención beneficie a quienes podrían destinar las garrafas a fines distintos del uso doméstico. En ese sentido, contrastó la situación de una familia que consume una garrafa al mes con la de personas que adquieren cinco o seis diariamente, y sostuvo que ambas realidades requieren un tratamiento diferente.
La escasez de GLP afectó a barrios paceños como Miraflores, Sopocachi, Irpavi, Obrajes y Los Pinos, donde vecinos y comerciantes reportaron dificultades para acceder al producto. El problema también provocó movilizaciones y bloqueos en La Paz y El Alto el 17 de octubre, mientras usuarios denunciaron largas esperas y dificultades para encontrar puntos de venta con disponibilidad de garrafas.
En medio de la escasez, se reportó la reventa de garrafas a precios de hasta Bs 40, pese a que el precio oficial se mantenía en Bs 22,50. Ante esta situación, el Gobierno anunció operativos de control con resguardo policial y medidas para incrementar la distribución. YPFB informó el 22 de octubre que se tenía prevista la entrega de aproximadamente 45.000 garrafas para La Paz y El Alto.
Blanco evitó precisar cuándo se aprobarán las nuevas medidas y remarcó que las propuestas deben contar con una planificación que proteja a los hogares de menores ingresos. Mientras continúan las evaluaciones, persisten los desafíos para normalizar el abastecimiento, controlar el contrabando y evitar la especulación, sin comprometer el acceso de la población al combustible doméstico.

