El Gobierno nacional expresó este martes su rechazo a las agresiones registradas contra periodistas y trabajadores de la prensa durante las recientes movilizaciones en La Paz y anunció acciones para reforzar la seguridad de los equipos de cobertura en contextos de conflictividad social.
La reacción oficial se produjo luego de que organizaciones del gremio periodístico denunciaran ataques y exigieran garantías para el ejercicio del trabajo informativo en medio de los disturbios registrados en la sede de Gobierno.
Mediante un comunicado, la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia manifestó su solidaridad con reporteros, camarógrafos y trabajadores de medios que resultaron afectados mientras realizaban cobertura de las protestas.
“Las agresiones, amenazas y actos de violencia contra la prensa afectan el derecho de la población a estar informada y dañan la convivencia democrática”, señala el pronunciamiento oficial.
El Ejecutivo informó además que coordina acciones con el Ministerio de Gobierno de Bolivia y la Policía Boliviana para fortalecer mecanismos de protección destinados a periodistas que trabajan en escenarios de alta tensión.
Paralelamente, ocho organizaciones vinculadas al sector periodístico difundieron una declaración conjunta en la que condenaron la violencia registrada durante las movilizaciones y alertaron sobre ataques que consideran atentatorios contra la libertad de prensa.
“¡Basta de violencia contra la ciudadanía y la prensa!”, señala el documento suscrito por asociaciones y federaciones de trabajadores de la prensa del país.
Entre las entidades firmantes figuran la Asociación de Periodistas de La Paz, la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia y la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz, entre otras organizaciones del sector.
El pronunciamiento sostiene que los ataques contra periodistas, camarógrafos, ciudadanos y bienes públicos “desbordan los propósitos de una protesta social” y advierte que las agresiones a trabajadores de medios representan “acciones que buscan implantar una censura de facto sobre la información noticiosa”.
“Ninguna causa que mueva una protesta social puede servir de argumento para arremeter contra la seguridad de la población civil y contra el ejercicio profesional del periodismo”, remarca el documento.
Durante la jornada del lunes, reporteros y camarógrafos quedaron expuestos en medio de enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales, hechos que también dejaron daños materiales, saqueos y al menos 11 policías heridos, según reportes oficiales.
En ese contexto, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció que el Ejecutivo impulsará procesos judiciales contra personas involucradas en los disturbios y contra dirigentes a quienes responsabiliza por la escalada de violencia.
