El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, planteó revisar la Constitución Política del Estado (CPE) y modificar distintas normas que regulan las candidaturas y el funcionamiento del sistema electoral. Entre sus propuestas mencionó eliminar el requisito del certificado de conocimiento de dos idiomas, revisar la exigencia de residencia previa para postulantes municipales y establecer mecanismos para evitar la proliferación de organizaciones políticas creadas únicamente para participar en elecciones, conocidas como “taxipartidos”.
La propuesta fue presentada este jueves en Sucre, donde Ávila sostuvo que una eventual reforma debe formar parte de una discusión más amplia sobre la justicia y la institucionalidad del país. El titular del TSE afirmó que es necesario analizar los cambios desde la Constitución y las leyes que regulan las instituciones estatales, con el objetivo de identificar las disposiciones que requieren modificaciones.
Uno de los puntos cuestionados por Ávila es la exigencia de acreditar el conocimiento de dos idiomas para acceder a una candidatura. Según señaló, este requisito puede convertirse en una barrera para el ejercicio de los derechos políticos y habría generado una comercialización de los certificados. También indicó que algunas personas quedaron impedidas de participar en procesos electorales por no contar con la documentación exigida.
El presidente del TSE propuso además revisar la obligación de demostrar dos años de residencia previa para quienes buscan postularse a cargos municipales. A estas medidas sumó la necesidad de debatir mecanismos para limitar a los denominados “taxipartidos” y revisar el procedimiento de elección de las autoridades indígenas, aspectos que, a su criterio, deberían ser considerados dentro de una eventual reforma electoral.
Respecto a la Constitución, Ávila aclaró que su planteamiento no consiste en reemplazarla por completo, sino en revisar sus disposiciones para conservar aquellas que considera positivas y modificar las que requieran ajustes. En ese marco, cuestionó el artículo 11 de la Ley 018, referido al cumplimiento de determinadas sentencias emitidas por otros órganos del Estado por parte del Órgano Electoral, y lo vinculó con la suspensión de las elecciones judiciales. Aseguró que esa disposición figura entre los primeros artículos que se busca modificar.
Las propuestas abren el debate sobre los requisitos para acceder a cargos electivos y las atribuciones del Órgano Electoral. Sin embargo, cualquier modificación de la Constitución o de las leyes deberá seguir los procedimientos establecidos en la normativa vigente y ser tratada por las instancias competentes. Hasta el momento, los planteamientos expuestos por Ávila constituyen propuestas de revisión y no cambios aprobados.
