La Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo lanzaron este jueves una convocatoria urgente a representantes provinciales y municipales para impulsar un “pacto social por la paz y la reconciliación”, en medio de la creciente tensión que vive el país tras 42 días de conflicto y bloqueos que afectan principalmente a La Paz y Cochabamba.
A través de un pronunciamiento conjunto, ambas instituciones expresaron su preocupación por el riesgo de una escalada de violencia y advirtieron sobre las consecuencias que podría generar para la población.
«La Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, buscando evitar una espiral de violencia cuyas consecuencias generen más sufrimiento, profundicen las divisiones y dejen heridas difíciles de sanar, hemos convocado de manera urgente a representantes provinciales y municipales a un pacto social por la paz y la reconciliación», señala el documento.
Las entidades consideran que aún existen posibilidades de encontrar soluciones que permitan reducir la conflictividad y abrir espacios de diálogo entre los distintos actores involucrados en la crisis.
Asimismo, exhortaron a todas las partes a dejar de lado posiciones que dificulten una salida al conflicto y participar del encuentro con espíritu de entendimiento y cooperación.
«Esperamos que los temas consensuados sirvan de base para establecer puentes entre los actores en conflicto. No permitamos que la violencia nos arrebate la esperanza de construir una sociedad justa y armoniosa», añade el pronunciamiento.
La convocatoria se produce en un contexto marcado por el desabastecimiento de combustibles, alimentos y medicamentos, además de las dificultades de transporte que afectan a miles de ciudadanos en distintas regiones del país.
Mientras tanto, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, señaló que las organizaciones movilizadas evaluarán junto a sus bases la continuidad de las medidas de presión. Aunque abrió la posibilidad de revisar los bloqueos, ratificó que la protesta contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz continúa vigente.
Por su parte, el expresidente Jorge Tuto Quiroga volvió a cuestionar la actuación del Ejecutivo frente a la crisis y afirmó que el país no puede sostenerse bajo una “legalidad intermitente”, exigiendo acciones que permitan restablecer la transitabilidad y la normalidad para la población.
La iniciativa de la Iglesia y la Defensoría surge así como uno de los primeros intentos de acercamiento entre los sectores enfrentados, en un momento en que la tensión social y política continúa en aumento.
