La Justicia determinó la noche de este miércoles la detención preventiva por 180 días del exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, quien deberá permanecer en el penal de Palmasola mientras avanza la investigación en su contra. La decisión fue adoptada después de varias horas de audiencia de medidas cautelares, iniciada pasadas las 16:00.
La resolución judicial responde al requerimiento presentado por la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, que investiga al exalcalde por la presunta malversación de Bs 191 millones provenientes de créditos municipales. Según los antecedentes del caso, los recursos estaban destinados a financiar 17 proyectos de infraestructura en la capital cruceña.
La investigación apunta a un supuesto manejo irregular de esos fondos y a obras que habrían quedado inconclusas o que presuntamente no se ejecutaron, pese a la asignación de los recursos. La detención preventiva fue dispuesta en contra de la posición de la defensa, que solicitaba que Fernández pudiera afrontar el proceso en libertad.
El martes se emitió una orden de aprehensión contra el exalcalde, después de que fuera declarado en rebeldía por no presentarse a la audiencia de medidas cautelares y no justificar válidamente su ausencia. La Policía ejecutó la orden este miércoles en un galpón ubicado en el tercer anillo y la doble vía La Guardia, donde Fernández fue aprehendido sin que se registrara resistencia.
Mientras se realizaban los operativos para dar con su paradero, Fernández denunció a través de sus redes sociales una presunta presión política por parte de la actual gestión municipal. También cuestionó los cambios en la fecha de su audiencia y pidió que se revisen las actuaciones judiciales, además de reclamar garantías para ejercer su defensa.
El exalcalde enfrenta, además, otro proceso conocido como el caso “Pavimento fantasma”, relacionado con presuntas irregularidades en obras de asfaltado que habrían sido pagadas, pero supuestamente no ejecutadas durante su gestión. En ese expediente, la Fiscalía investigó un posible daño económico de Bs 6 millones y solicitó inicialmente su detención preventiva. Ambos procesos deberán continuar conforme a los procedimientos judiciales, mientras se esclarecen los hechos investigados.
