La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó no otorgar las medidas cautelares al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien cumple detención preventiva en el penal de Chonchocoro, y cerró el expediente de la petición. La solicitud la realizó un grupo de legisladores de Creemos, tras su aprehensión en diciembre de 2022.
“Tengo el honor de dirigirme a usted en nombre de la CIDH en relación con el asunto de referencia. Tras haber analizado la información aportada por las partes al día de la fecha, la Comisión ha considerado oportuno no otorgar medidas cautelares y cerrar el expediente de la presente solicitud, al no cumplirse los requisitos del artículo 25 del reglamento”, señaló la CIDH en la misiva enviada a la Cancillería boliviana.
La solicitud de medidas cautelares con relación a la situación de Camacho fue presentada por la senadora Centa Rek López y otros, luego de la aprehensión del gobernador el 28 de diciembre de 2022, en virtud de que no se presentó a brindar declaraciones por un proceso sobre su participación en el presunto golpe de Estado.
Creemos alegó “desconocimiento de su situación durante las primeras horas de detención” y denunció que hubo “violencia durante la misma, así como presuntas torturas o tratos crueles y falta de atención médica”. En cumplimiento del artículo 25 del Reglamento de la CIDH, el órgano solicitó, al Gobierno boliviano, “información que considere oportuna sobre el caso”. En la carta, firmada por Fernanda dos Anjos por autorización de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, se apunta que la “CIDH continuará el monitoreo de la situación por la Relatoría de País”.
