Una movilización de sectores indígenas y campesinos se dirige hacia la ciudad de La Paz en rechazo a la Ley 157. Mientras los manifestantes cuestionan sus alcances, el Gobierno sostiene que la norma no afecta a territorios comunitarios.
El debate en torno a la Ley 157 de reconversión de tierras ha escalado en los últimos días con el avance de una marcha indígena y campesina que se dirige hacia la sede de gobierno. La movilización partió desde Porvenir, en el departamento de Pando, y ha ido sumando apoyo de distintas organizaciones sociales en su recorrido.
Los sectores movilizados expresan su rechazo a la normativa al considerar que pone en riesgo la tenencia de tierras y los territorios indígenas. Según los dirigentes, la ley podría abrir la posibilidad de embargo y comercialización de predios, lo que —advierten— podría generar una nueva concentración de tierras en el país. “Esta ley pone en riesgo nuestras tierras y abre la puerta a que sean quitadas mediante deudas”, señaló un dirigente de la marcha durante su recorrido.
El conflicto ha comenzado a ampliarse con el anuncio de adhesión de organizaciones en otras regiones. En El Alto, sectores campesinos confirmaron su respaldo a la movilización, mientras que agrupaciones del oriente evalúan sumarse en los próximos días. Algunos líderes han calificado la marcha como un hecho histórico, comparándola con la movilización por “Tierra y Territorio” de finales de la década de 1980.
Por su parte, el Gobierno defiende la normativa y asegura que su objetivo es facilitar el acceso a financiamiento para pequeños productores. El ministro de Desarrollo Rural, Óscar Mario Justiniano, afirmó que la ley no alcanza a las Tierras Comunitarias de Origen. “La norma no afecta a las TCO, está dirigida únicamente a propiedades individuales tituladas que requieren acceso a crédito productivo”, explicó la autoridad.
La Ley 157, promulgada por el presidente Rodrigo Paz Pereira, establece que el Instituto Nacional de Reforma Agraria puede recategorizar predios de pequeña a mediana propiedad, permitiendo que estos sean utilizados como garantía ante entidades financieras.
No obstante, las críticas continúan desde distintos sectores. Organizaciones campesinas y analistas advierten que la posibilidad de embargo de tierras podría significar un retroceso en los avances de la reforma agraria y afectar principalmente a comunidades en situación de vulnerabilidad. “Existe el riesgo de que las familias pierdan sus tierras si no logran cumplir con sus obligaciones financieras”, advirtió un representante del sector campesino.
En medio de posiciones encontradas, también se evalúa la presentación de recursos legales para frenar la aplicación de la norma. Con la marcha en curso y nuevas adhesiones en proceso, la Ley 157 se posiciona como uno de los principales focos de conflicto social y político en el país.
