El diputado Alejandro Reyes impulsó una minuta de comunicación para pedir el arraigo del alcalde Iván Arias y otras autoridades municipales, en medio de observaciones al proceso de transición en la Alcaldía de La Paz.
En el contexto del proceso de transición en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, el diputado Alejandro Reyes anunció la presentación de una minuta de comunicación que solicita el arraigo del alcalde Iván Arias, además de concejales y secretarios municipales.
La iniciativa tiene como finalidad evitar que las autoridades involucradas abandonen el país mientras se desarrollan investigaciones y se consolida la entrega de información correspondiente a la gestión saliente. Según el legislador, esta medida busca precautelar el acceso a datos oficiales y prevenir posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Reyes cuestionó el desarrollo del proceso de transición, al que calificó como desordenado, y advirtió sobre la posible omisión de información relevante. En particular, mencionó observaciones relacionadas con contratos de luminarias LED, los cuales —según indicó— deben ser revisados con mayor detalle. “El objetivo es que respondan ante la justicia. No se puede permitir que se oculte información que pertenece a la ciudadanía”, declaró el diputado.
Asimismo, el legislador señaló que ya se han presentado peticiones de informe y que existe coordinación con el Ministerio Público para dar seguimiento a las investigaciones en curso. En ese marco, también mencionó a concejales como Fabián Siñani Dulon y Jorge Dulon, indicando que deben rendir cuentas sobre su actuación durante la gestión municipal.
Desde el Ejecutivo municipal, aún no se ha emitido una postura oficial sobre esta solicitud; sin embargo, el alcalde Iván Arias ha sostenido previamente que su gestión se rige por la normativa vigente. “Siempre hemos actuado conforme a la ley y con transparencia en la administración municipal”, manifestó en anteriores declaraciones.
La propuesta plantea que el arraigo se mantenga vigente durante el tiempo que duren los procesos legales, en un escenario marcado por tensiones políticas y cuestionamientos sobre la transparencia en la administración municipal de La Paz.
