La muerte de un trabajador de la empresa CONCRETEC, quien se quitó la vida en su fuente laboral en Santa Cruz, generó profunda indignación en la Central Obrera Boliviana (COB), que calificó el hecho como un “asesinato social y laboral”.
Según las denuncias de los trabajadores, la empresa les adeudaría aproximadamente 20 meses de salarios. La COB atribuyó esta tragedia a lo que considera “indolencia, abandono e irresponsabilidad patronal”, y expresó su dolor y condena mediante un pronunciamiento público.
La organización sindical sostuvo que el trabajador habría enfrentado una grave situación económica por la falta prolongada de pago de sus remuneraciones. Ante este escenario, la COB se declaró en estado de emergencia nacional y anunció su respaldo a las familias afectadas de CONCRETEC en todas sus regionales.
Entre sus principales demandas, la organización exige el pago inmediato de los salarios adeudados y la implementación de un plan concreto, acompañado de una inyección financiera urgente, para cancelar la totalidad de las obligaciones acumuladas durante casi dos años.
Asimismo, la COB pidió garantizar la estabilidad laboral, la continuidad y la reestructuración de la empresa. También rechazó cualquier intento de cierre que, según su pronunciamiento, responda a una gestión administrativa deficiente.
El caso vuelve a poner en el centro del debate la situación de los trabajadores que denuncian retrasos prolongados en el pago de sus salarios y las consecuencias sociales y económicas que pueden enfrentar ellos y sus familias.
