Ante la imposibilidad de obtener una personería jurídica a tiempo, los seguidores de Evo Morales han decidido explorar alianzas con agrupaciones ciudadanas para participar en las elecciones subnacionales de marzo. El exgobernador César Cocarico reconoció que el nuevo partido ‘Evo Pueblo’ no podrá inscribirse formalmente antes de la convocatoria electoral, prevista para noviembre, y que la única vía viable será sumarse a una sigla ya registrada. “En dos meses nadie logra una personería jurídica”, afirmó.

El expresidente Morales, quien lanzó el registro de militantes de ‘Evo Pueblo’ en agosto, admitió que el proceso no tiene validez legal, aunque lo considera legítimo. A pesar de ello, sus seguidores continúan entregando carnets simbólicos y organizando reuniones internas para definir su estrategia electoral. Cocarico, que renunció al MAS por diferencias con la gestión de Luis Arce, aseguró que muchos evistas están en la misma situación: sin partido, pero con intención de competir.

La falta de una sigla nacional representa un desafío logístico y político para el bloque evista, que ahora debe socializar nuevas alianzas en cada región. Morales convocó a un ampliado con sus dirigentes para definir el camino a seguir, mientras se realizan encuestas para medir el respaldo a posibles candidaturas. El objetivo es claro: no quedar fuera del escenario electoral, aunque el vehículo político aún esté por definirse.

Los diputados Héctor Arce y Freddy López acusaron al ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, de encabezar una presunta organización criminal que habría operado durante casi una década. Según los legisladores, esta estructura —identificada como “Los Cocos”— se habría beneficiado de coimas, contratos irregulares y colocación de funcionarios sin formación profesional, generando un colapso técnico en la Caja Nacional de Salud (CNS), que atiende a más de tres millones de asegurados.

Durante una conferencia de prensa, Arce denunció que Huarachi habría utilizado bienes del Estado, como un avión Hércules, para fines personales, y que mantiene vínculos con empresarios favorecidos por contratos millonarios. López, por su parte, advirtió que si Huarachi es ratificado en su cargo por dos años más, la CNS podría desaparecer, como ocurrió con la Caja Ferroviaria en 1994. Ambos coincidieron en que el Congreso de la COB, que se realiza en Pando, debe evaluar con seriedad la continuidad del dirigente.

Los diputados anunciaron que presentarán pruebas formales y pidieron a las bases sindicales no permitir que el mismo grupo que, según ellos, ha destruido la institucionalidad de la COB, vuelva a tomar el control. Aclararon que sus denuncias no van dirigidas contra la organización sindical en sí, sino contra quienes la han instrumentalizado para fines personales y políticos, poniendo en riesgo la salud de millones de bolivianos.

Juan Pablo Velasco, candidato a la vicepresidencia por la Alianza Libre, comunicó oficialmente su decisión de no participar en el debate convocado por RTP, alegando compromisos previamente agendados. A raíz de esta ausencia, Edmand Lara, candidato del PDC, también anunció que no asistirá, argumentando que sin la presencia de Velasco el intercambio de propuestas pierde sentido. La doble renuncia generó sorpresa entre los organizadores y panelistas del evento, quienes esperaban una jornada de diálogo plural y transparente.

El debate, que iba a ser conducido por Jorge Luis Palenque y Ángel Careaga, contaba con un panel diverso conformado por Zulema Alanes, Jimena Antelo, María Galindo y Stasiek Czaplicki. La activista Galindo expresó su indignación ante la decisión de los candidatos, calificándola como una falta de respeto no solo hacia los medios convocantes, sino hacia la ciudadanía que exige respuestas claras antes de emitir su voto. “Nos están pidiendo el voto, pero no quieren dar explicaciones”, lamentó.

Desde RTP se cuestionó el compromiso democrático de los postulantes, señalando que la transparencia y el debate público son pilares fundamentales en cualquier proceso electoral. La ausencia de dos figuras clave en la contienda vicepresidencial deja un vacío en el espacio de discusión y plantea interrogantes sobre la disposición de los candidatos a someter sus propuestas al escrutinio ciudadano. Mientras tanto, se evalúa la posibilidad de reprogramar el evento o reformular su formato.

El viceministro Gustavo Torrico alertó sobre una presunta conspiración para desestabilizar el proceso electoral mediante la destitución del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Según Torrico, esta maniobra estaría siendo impulsada desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con el objetivo de impedir la segunda vuelta presidencial prevista para el 19 de octubre. En caso de concretarse esta acción, el gobierno de Luis Arce no esperaría hasta el 8 de noviembre para entregar el poder, sino que activaría de inmediato una sucesión constitucional, tal como establece la ley.

La denuncia penal interpuesta por el presidente del TSJ, Romer Saucedo, contra cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha encendido las alarmas en el Ejecutivo. Torrico considera que esta ofensiva judicial forma parte de una estrategia más amplia para controlar el poder judicial y deslegitimar el proceso electoral. Además, acusó a actores políticos de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de colaborar en esta campaña, que a su juicio busca prolongar mandatos y generar un vacío institucional que permita justificar medidas excepcionales.

Torrico también criticó duramente al magistrado Saucedo por su supuesta complicidad con autoridades autoprorrogadas, y denunció un boicot sistemático contra el gobierno liderado por sectores opositores. Afirmó que, de concretarse la suspensión del TSE, se eliminaría el árbitro democrático y se abriría la puerta a prórrogas en todos los niveles de gobierno. “Nos vamos por la puerta grande”, declaró, pero advirtió que si se consuma el ataque al ente electoral, el cronograma de transición podría cambiar drásticamente.

Después de las violentas agresiones sufridas el pasado viernes, las conductoras que integran la “Línea Lila”, un proyecto de transporte impulsado por mujeres, afirmaron que mantendrán firme su iniciativa sin ceder ante ninguna amenaza. “Este trabajo va a seguir, tenemos la visión muy clara, vamos a trabajar a nivel municipal, con taxis, estábamos ampliando con trufis. Vamos a seguir, no nos vamos a doblegar ni ante ellos ni ante nadie”, expresó una integrante del grupo.

El viernes pasado, las emprendedoras inauguraron sus oficinas en la zona de Satélite, en El Alto, pero choferes de un sindicato afiliado a la Federación Andina llegaron al lugar para agredirlas y frenar el inicio de sus operaciones, alegando que no contaban con los permisos correspondientes.

Pese a estas dificultades, las mujeres reiteraron su decisión de continuar trabajando y expandir sus servicios a otras áreas.
En respuesta a los hechos, la Fiscalía detuvo a dos de los agresores; sin embargo, un juez les otorgó medidas sustitutivas durante la audiencia cautelar. Ante esto, el Ministerio Público apeló la decisión y ordenó una nueva aprehensión para los implicados.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen detuvo a dos policías implicados en una banda de atracadores que operaba en Santa Cruz, quienes utilizaban armas de fuego para robar a sus víctimas, informó el Fiscal General de la Policía Boliviana, Oscar Gutiérrez.

Gutiérrez agregó que la Policía abrió una investigación interna y está preparando las bajas definitivas para estos efectivos.
“El proceso investigativo pertenece al IDIF y a la Fiscalía y en este caso en particular de la misma manera es un caso de connotación porque han sido encontrados con arma de fuego y no sería la primera ocasión y ahora se habló con el Fiscal Departamental, porque tenemos dos hechos uno del 4 de octubre y el último del pasado fin de semana, donde han participado de manera activa dos funcionarios, uno del BOL-110 y el otro de la UTOP de la ciudad de Santa Cruz, quienes están siendo sometidos al proceso inmediato, vamos a tener resultados en cuanto a la acusación en el lapso de 48 horas, de igual manera se les está iniciando los procesos en base al artículo 14 que prevé como consecuencia la sanción de baja definitiva por tener relaciones con delincuentes para beneficio propio, otros artículos que prevén esta sanción.

Uno de los policías pertenece a la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), mientras que el otro trabaja en el Bol-110; ambos serán presentados ante un juez cautelar.

El Fiscal Superior de Vida y Personas, Sergio Fajardo Flores, comunicó que comenzó el “Taller de Aplicación del Protocolo de Investigación en Accidentes de Tránsito”, dirigido a Fiscales Especializados y Mixtos de Provincia, con el objetivo de estandarizar procedimientos y fortalecer las capacidades investigativas frente a estos hechos.

“El objetivo es fortalecer las capacidades técnicas, jurídicas y operativas de los Fiscales de Materia, mediante la implementación y aplicación efectiva del Protocolo de Investigación en Accidentes de Tránsito, con el propósito de unificar criterios de actuación fiscal, garantizar una investigación integral, técnica y objetiva y asegurar la coordinación interinstitucional con los peritos y médicos forenses del IDIF”, explicó Fajardo.

La capacitación está enfocada en los departamentos con mayor cantidad de casos de accidentes viales, como Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Oruro y Potosí.
El taller se desarrolla en modalidad mixta, con sesiones virtuales del 6 al 8 de octubre y actividades presenciales los días 10 y 11 en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz.