Fernando Chambi, presidente de la Federación Departamental de Panificadores de La Paz, denunció un retraso de más de 45 días en la entrega de harina subvencionada por parte de Emapa, calificando esta situación como insostenible para su sector.

“El desfaz existe en la entrega de harina desde el mes de agosto se h hecho del depósito el 14 de agosto y a lo que ha incumplido la segunda quincena ya estamos a 7 de octubre, entonces el retraso son más de 45 días, esto ya es insostenible para nuestro sector, nosotros estamos subvencionando de nuestro bolsillo para toda la población, para su conocimiento ya tenemos el retraso como les dije anteriormente, 15 días y a la fecha nadie dice nada”, señaló el dirigente.

Según Chambi, La Paz tiene un adeudo de 64.059 quintales de harina subvencionada, mientras que sólo se entregaron 4.680 quintales, lo que pone en duda la capacidad de garantizar la producción del pan de batalla.
“Nos deben a La Paz 64.059 quintales, hasta la fecha nos han entregado 4.286 quintales, miren el desfaz del sector”, afirmó.

Para enfrentar esta problemática, la próxima semana se realizará un Ampliado del sector con el fin de buscar soluciones y definir posibles medidas.
“La gente y vamos a tomar la determinación de no garantizar el pan de batalla, la próxima semana no se suspende la venta solo que no se garantiza el pan de batalla”, agregó.

Habitantes de Tipuani, un área minera dedicada a la extracción de oro situada al norte de La Paz, reportaron severas inundaciones a raíz del desborde del río que lleva el mismo nombre. Se compartieron videos y fotografías que evidencian viviendas parcialmente sumergidas y calles inundadas.

El desbordamiento causó daños en la muralla de contención y el colapso de varias pozas mineras, lo que facilitó que el agua llegara a la comunidad cercana. Frente a esta emergencia, los residentes se organizaron para evacuar a las familias hacia zonas elevadas, con el propósito de prevenir riesgos asociados a deslizamientos e inundaciones mayores.

Las autoridades locales aún no han emitido un comunicado oficial respecto a la situación, mientras tanto los pobladores continúan solicitando ayuda urgente para proteger a los afectados y reducir los daños materiales.

La activista María Galindo confirmó la realización de un debate alternativo entre los candidatos a la Vicepresidencia, impulsado por Radio Deseo y RTP, como respuesta crítica al formato oficial promovido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Galindo cuestionó la falta de pluralidad en la organización de los debates y denunció que los medios tradicionales responden a intereses empresariales que distorsionan el ejercicio democrático. “No podemos permitir que el TSE nos dé gato por liebre”, afirmó.

El encuentro se llevará a cabo en la ciudad de El Alto y contará con la participación confirmada de Edman Lara, mientras que Juan Pablo Velasco aún no ha asegurado su asistencia. Según Jorge Palenque, gerente de RTP, el debate se realizará incluso si uno de los candidatos no se presenta, dejando su atril vacío como símbolo de ausencia. La iniciativa busca ofrecer una segunda oportunidad a los electores, luego de que el primer debate vicepresidencial dejara insatisfacción por su formato limitado.

Galindo insistió en que el objetivo no es confrontar por capricho, sino abrir espacios de comunicación más libres y representativos. Criticó que los debates oficiales estén monopolizados por redes televisivas vinculadas a grupos económicos, lo que, según ella, compromete la transparencia del proceso electoral. El evento será transmitido por Radio Deseo, RTP y diversas plataformas digitales, con la intención de llegar a una audiencia más amplia y diversa.

El analista político William Herrera lanzó duras críticas contra el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), al que acusó de encubrir a grupos interculturales que, según él, operan como mafias dedicadas al tráfico de tierras. Herrera señaló que los recientes avasallamientos en Santa Cruz y otras regiones del oriente boliviano no serían posibles sin el respaldo político que estos grupos reciben desde el poder central.

Herrera propuso que la Gobernación cruceña cuente con una fuerza pública propia para enfrentar la toma ilegal de terrenos, ante lo que considera una inacción deliberada del Estado. Afirmó que la falta de respuesta institucional no solo vulnera los derechos de los propietarios, sino que también pone en riesgo el desarrollo económico de la región. “Sin seguridad jurídica, no hay inversión; sin inversión, no hay crecimiento”, advirtió.

El analista también alertó sobre la presencia de estos grupos en zonas estratégicas como Montero, lo que atribuyó directamente a la protección política que reciben. “Si no tuvieran respaldo, no se atreverían a invadir terrenos con tanta impunidad”, sentenció. Para Herrera, el tráfico de tierras se ha convertido en una amenaza estructural que requiere una respuesta firme y autónoma por parte de las autoridades regionales.

Con el objetivo de frenar el avance del sarampión y asegurar el acceso al bono Juancito Pinto, el Ministerio de Salud habilitó 203 puntos de vacunación estratégicamente ubicados cerca de las entidades bancarias. Esta medida busca facilitar la inmunización de más de un millón de estudiantes, quienes deberán presentar su carnet de vacunación como requisito indispensable para cobrar el beneficio escolar de 200 bolivianos.

El viceministro Max Enríquez informó que el 80% de los casos sospechosos se concentra en menores de 19 años, lo que ha motivado una campaña intensiva de vacunación. Hasta el 7 de octubre, se registraron 2.144 casos sospechosos, de los cuales 385 fueron confirmados. Ante esta situación, los ministerios de Salud, Educación y Economía decidieron exigir el carnet de vacunación como parte del proceso de cobro, con el fin de aumentar la cobertura que actualmente no supera el 45%.

Para los padres que enfrentan problemas con el registro digital de la vacuna, se ha dispuesto un procedimiento de verificación en los centros de salud donde se aplicó la dosis. Además, brigadas móviles estarán disponibles cerca de los bancos para atender casos pendientes y actualizar la información en el sistema. “Queremos que ningún niño se quede sin su bono por falta de registro”, aseguró Enríquez.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció una serie de reformas para garantizar que el próximo debate presidencial sea más estructurado, equitativo y respetuoso. El vocal Tahuichi Quispe confirmó que se ampliarán los tiempos de intervención, se fortalecerá el rol de los moderadores y se aplicará una política de tolerancia cero frente a los ataques personales. Estas medidas buscan evitar los errores del reciente debate vicepresidencial, que fue criticado por su falta de profundidad y orden.

Quispe explicó que los candidatos presidenciales tendrán entre tres y cuatro minutos para desarrollar sus propuestas, lo que permitirá abordar temas clave como la economía, la inflación y la escasez de divisas con mayor claridad. Además, se incorporarán cuatro moderadores con perfiles diversos, entre ellos María Galindo, para asegurar pluralidad y firmeza en la conducción del evento. El objetivo es que el debate no se convierta en un cruce de acusaciones, sino en un espacio de exposición seria y democrática.

El TSE también subrayó la importancia de la ética política como eje central del proceso electoral. Quispe advirtió que la demagogia y la guerra sucia deterioran la democracia, y llamó a los candidatos a respetar la ley, la propiedad privada y la vida humana. El debate presidencial, previsto para una semana antes de la segunda vuelta, será clave para que el electorado evalúe con criterio las propuestas y tome una decisión informada el próximo 19 de octubre.

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) volvió a levantar la voz frente a la creciente ola de avasallamientos en el país, que ya suman 331 casos registrados en departamentos como Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Potosí. Klaus Frerking, presidente de la institución, advirtió que la violencia asociada a estas tomas ilegales está escalando peligrosamente, y exigió que las autoridades actúen con firmeza y sin contemplaciones.

Durante una reunión interinstitucional que reunió a representantes de la Gobernación cruceña, la Policía, el Ministerio Público y el Tribunal Departamental de Justicia, se acordó coordinar acciones concretas para frenar los avasallamientos. Frerking insistió en que el respeto a la propiedad privada es un pilar fundamental del Estado de derecho, y que quienes cometen estos delitos deben enfrentar consecuencias penales reales.

Casos recientes como el de la propiedad Patujú en Montero, donde se denunció el secuestro del propietario y sus trabajadores, y el violento despojo sufrido por la familia Eguez en Guarayos, evidencian la gravedad de la situación. La CAO anunció que continuará impulsando medidas legales para recuperar los predios productivos y proteger a los agricultores, mientras exige que la justicia actúe con celeridad y contundencia.

El Director de la Escuela de Fiscales del Estado (EFE), Eduardo Serrano Ramos, informó que la institución finalizó con éxito la Etapa 1 de la Auditoría Externa realizada por el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA) y está lista para avanzar a la etapa decisiva del proceso de certificación del Sistema de Gestión Integrado bajo normas internacionales.

«La EFE ya cuenta con la certificación NB/ISO 9001:2015 (Sistemas de Gestión de la Calidad) y actualmente busca la doble certificación, integrando ambas normas mediante la implementación de un Sistema de Gestión Integrado. Esta decisión forma parte de las líneas estratégicas institucionales impulsadas por el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, con el objetivo de consolidar una formación académica de excelencia, enfocada en la mejora continua, la calidad educativa y el fortalecimiento de valores éticos en el servicio público», explicó Serrano.

La auditoría, realizada durante el fin de semana, evaluó el cumplimiento de la norma NB/ISO 21001:2019, que está orientada a sistemas de gestión para organizaciones educativas, y fue ejecutada por la auditor Miriam Linares Ponce en representación de IBNORCA, entidad nacional encargada de certificar sistemas de calidad.

En esta primera fase, la Escuela mostró avances importantes en la adaptación y creación de procedimientos, además del desarrollo de registros conforme a la norma NB/ISO 21001:2019, evidenciando el compromiso institucional con la calidad y la educación basado en estándares internacionales.
El proceso de auditoría contó con la participación activa del personal de la EFE y el apoyo de diversas áreas de la Fiscalía General del Estado, incluyendo Recursos Humanos, Asuntos Jurídicos, Tecnologías de la Información y la Dirección Administrativa y Financiera.

La Jefa Nacional de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General del Estado, María Luisa Herrera, informó que del 6 al 9 de octubre de 2025 se llevarán a cabo Pasantías Binacionales entre fiscales especialistas de Bolivia y Chile, con el propósito de avanzar en un plan de cooperación bilateral que fortalezca las capacidades investigativas para combatir delitos transfronterizos que afectan a ambos países.

«Esta iniciativa se realiza en el marco del Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Ministerios Públicos de Bolivia y Chile con el objetivo de mejorar los mecanismos de intercambio de información, coordinación operativa y formación especializada, frente a la creciente complejidad de los delitos que cruzan fronteras, tales como el narcotráfico, la trata de personas, de índole patrimonial, entre otros delitos de carácter transnacional», explicó Herrera.

Durante las cuatro jornadas, los fiscales participantes sostendrán reuniones en la Fiscalía General del Estado en Sucre y la Fiscalía Departamental de Oruro para profundizar en el conocimiento de los sistemas penales y procesales de ambos países. Se tratarán temas como la realidad delictiva local, el uso de tecnologías, sistemas registrales, así como métodos de análisis criminal y estrategias investigativas orientadas a la persecución de delitos transfronterizos.

Un aspecto fundamental de estas pasantías es el trabajo práctico con casos reales, que facilitará la detección de obstáculos comunes, oportunidades de mejora y soluciones en la atención y protección de víctimas y testigos, además de fortalecer la cooperación penal internacional.

Finalmente, se promoverá la creación de redes directas de trabajo entre fiscales de Bolivia y Chile para agilizar el intercambio de información y la cooperación operativa, coordinadas con las unidades de cooperación internacional de ambos Ministerios Públicos.