El exgerente de Emapa, Franklin Flores, y la exfiscal de obras Daniela Arancibia fueron beneficiados con detención domiciliaria y una fianza de Bs 50.000, pese a las graves acusaciones en su contra. La decisión judicial, asumida tras una audiencia de más de nueve horas, generó rechazo en el Ministerio de Justicia y la Fiscalía, que investigan irregularidades en la construcción de una planta de procesamiento de papa en El Alto.

La obra, inaugurada en 2024 por el presidente Luis Arce con un costo anunciado de Bs 162 millones, fue construida en un terreno sin derecho propietario consolidado y con contratos modificados en varias ocasiones. A pesar de contar con 64 funcionarios asignados, la planta no opera, lo que ha sido denunciado como un “fiasco” por activistas y medios. Las investigaciones revelan inconsistencias patrimoniales en Flores, Arancibia y el administrador Marvel Vargas, cuyos ingresos no justifican los depósitos bancarios registrados.

El caso involucra a más de veinte funcionarios que podrían ser llamados a declarar. Las autoridades detectaron un incremento injustificado de Bs 241.905 en la cuenta de Flores, depósitos sospechosos en las cuentas de Arancibia, y más de Bs 1 millón sin respaldo en las finanzas de Vargas. Los tres enfrentan cargos por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito, mientras la polémica por la planta fantasma sigue creciendo.

La diputada María Elena Ortega, representante de Comunidad Ciudadana, generó polémica al solicitar públicamente que se entreguen celulares nuevos a los legisladores al finalizar su gestión. Durante una sesión en la Cámara Baja, Ortega argumentó que los dispositivos entregados por el Estado ya cumplieron su vida útil y que, al no recibir finiquitos ni beneficios de jubilación, deberían al menos conservar las herramientas de trabajo utilizadas durante su mandato.

Ortega, quien percibe un salario mensual de más de Bs 22.000, lamentó que los legisladores no cuenten con compensaciones al concluir su periodo. Aseguró que, pese a los ingresos acumulados en cinco años, no tienen derecho a jubilación ni indemnización, lo que considera injusto en comparación con otras instituciones. Su intervención fue transmitida en redes sociales, donde también apeló al presidente de la Cámara para que gestione un nuevo contrato con Entel que permita la entrega de celulares.

La diputada también cuestionó la devolución de activos como tabletas y teléfonos, señalando que han sido herramientas esenciales para su labor legislativa. Aunque no formará parte de la próxima Asamblea, Ortega insistió en que su pedido no es excesivo, sino una forma de reconocer el trabajo realizado. El Estado, por su parte, destina más de Bs 5 millones mensuales para cubrir sueldos y beneficios de los parlamentarios, incluyendo viáticos, transporte y alimentación.

La polémica por los tuits con contenido racista atribuidos a Juan Pablo Velasco, candidato a la Vicepresidencia por Alianza Libre, ha desatado una ola de indignación en organizaciones sociales del occidente del país. Pese a que Velasco niega la autenticidad de los mensajes y denuncia una “guerra sucia”, medios como Bolivia Verifica y ChequeaBolivia confirmaron la veracidad de los tuits publicados entre 2010 y 2011 desde la cuenta @Jpvel, lo que ha intensificado el escrutinio público.

Diversos sectores sociales, especialmente en El Alto, han declarado a Velasco como “persona no grata” y exigen su retiro de la contienda electoral. La Federación de Juntas Vecinales Emergente, gremios de constructores y trabajadores independientes han expresado su repudio, señalando que los mensajes reflejan una actitud discriminatoria que no puede ser tolerada en quienes aspiran a cargos de representación nacional. Incluso se evalúan acciones legales para exigir su renuncia.

En respuesta al escándalo, se han convocado manifestaciones en La Paz y otras ciudades, mientras líderes políticos y sociales insisten en que los debates democráticos deben estar libres de discursos de odio. La Asociación de Víctimas de Corrupción y Retardación de Justicia anunció protestas para hoy, y el Partido Demócrata Cristiano pidió disculpas públicas como gesto mínimo ante la gravedad del caso. La presión sobre Velasco crece, y el silencio oficial de Alianza Libre solo alimenta el descontento.

La Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia (Concobol) declaró estado de emergencia ante el persistente desabastecimiento de diésel que afecta gravemente al sector minero. Los dirigentes anunciaron que, si no se atiende de forma urgente esta problemática, iniciarán movilizaciones y bloqueos de caminos desde el próximo lunes, como medida de presión contra el Gobierno.

Según los representantes de las cooperativas, el incumplimiento de acuerdos previos por parte del Ejecutivo ha intensificado la crisis. La falta de combustible está paralizando las labores mineras, lo que pone en riesgo la estabilidad económica de miles de trabajadores que dependen directamente de sus actividades extractivas para subsistir.

Concobol exige una respuesta inmediata y concreta para restablecer el suministro de diésel, advirtiendo que las consecuencias de una inacción gubernamental podrían ser severas. El sector responsabiliza al Gobierno por cualquier impacto social o económico que surja a raíz de las protestas anunciadas.

A pocos días del primer debate vicepresidencial, el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, ha condicionado su participación al establecimiento de un “terreno neutral” y la presencia de moderadores plurales. En un video difundido en redes sociales, Lara expresó su preocupación por la falta de diversidad en los medios convocados y propuso incluir voces alternativas que garanticen un espacio verdaderamente democrático.

El evento, organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), está previsto para el domingo 5 de octubre en Santa Cruz y contará con la presencia de Juan Pablo Velasco, de la Alianza Libre. Aunque ambos candidatos habían confirmado su asistencia por escrito, Lara decidió presentar un nuevo requerimiento formal al TSE, argumentando que la pluralidad informativa es esencial para fortalecer el voto consciente y la transparencia del proceso electoral.

Lara también denunció un supuesto sesgo mediático en la cobertura de su campaña, señalando que ciertos medios han ignorado polémicas relacionadas con su contrincante mientras amplifican sus propios errores. Si bien aclaró que respeta a los periodistas que transmitirán el debate, insistió en que la línea editorial de algunos medios compromete la equidad del evento y pidió que se garantice una moderación imparcial.

Ante el creciente deterioro del Cerro Rico de Potosí, el gobernador interino Marco Antonio Copa ha convocado a una reunión interinstitucional con carácter urgente. El encuentro, previsto para el lunes 6 de octubre a las 14:00 en la sede de la Gobernación, reunirá a autoridades nacionales y representantes regionales para debatir propuestas técnicas que permitan preservar la emblemática montaña, cuya cumbre está en riesgo de colapso.

La situación se ha tornado crítica luego de que los mineros cooperativistas exigieran a las autoridades nacionales la asignación de nuevas áreas de trabajo en un plazo de 30 días. Mientras tanto, el Ministerio de Minería y Comibol continúan con el proyecto de relleno seco para mitigar los más de 130 hundimientos registrados, aunque los resultados hasta ahora no han logrado frenar el avance del daño estructural.

La Universidad Autónoma Tomás Frías ha emitido una alerta preocupante: la cima del Sumaj Orcko podría desplomarse si no se toman medidas inmediatas. Esta advertencia ha intensificado la presión sobre las autoridades para encontrar una solución definitiva que garantice la seguridad de los trabajadores y la conservación de uno de los patrimonios más importantes de Bolivia.

La Vicepresidenta del Concejo Municipal de La Paz, Joselinne Pinto, denunció que la mayoría de los concejales prefirió proteger al alcalde Iván Arias antes que defender a los ciudadanos al bloquear su propuesta para anular los contratos ilegales de parqueos tarifados. En cambio, se optó por una “suspensión temporal” que, según la concejal, “no resuelve el problema de fondo y solo prolonga el engaño a la ciudadanía”.

Pinto presentó una norma con tres puntos clave: declarar la nulidad absoluta de los contratos firmados bajo la derogada Ley 2028 sin aval del Concejo, impedir compensaciones a las empresas adjudicatarias y remitir los antecedentes al Tribunal Constitucional Plurinacional y a la Procuraduría General para determinar responsabilidades “administrativas, civiles y penales”.
“Estos contratos son ilegales desde su origen. No existe un solo argumento válido para sostenerlos. Los paceños no tienen por qué pagar tarifas abusivas de cinco bolivianos la hora. La única salida responsable es la anulación, no un maquillaje político”, afirmó la concejal.

A pesar de la solidez de la propuesta, la mayoría del Concejo, con la oposición de Roxana Pérez Del Castillo y Pierre Chain, votó por suspender los contratos en lugar de anularlos. Pinto criticó esta decisión: “Suspender no es anular. ¿Qué significa una suspensión? ¿Un mes, dos meses, hasta que pase el show político? Seamos claros: aquí no hubo voluntad de defender a la población, sino de proteger al alcalde y de darle aire a contratos que nacieron torcidos”.

La concejal comparó esta situación con la fallida ley que pretendía frenar el alza en pasajes, que nunca se publicó ni entró en vigencia, y advirtió que “se repite el mismo libreto: discursos de defensa frente a cámaras, borradores de leyes que circulan sin debate ni publicación oficial, y al final, nada cambia para la gente. Es un show político que los paceños ya no se creen”.
Finalmente, Pinto exigió medidas concretas e inmediatas: la publicación oficial del texto final sobre parqueos para garantizar transparencia, una auditoría integral a todos los contratos firmados y acciones legales efectivas que no sean solo promesas vacías. “Me siento ofendida como paceña al ver que en el Concejo se habla de nulidad hacia afuera, pero en el pleno se vota otra cosa. Algunos prefieren cuidarle las espaldas al alcalde en vez de cuidar a la ciudad. Yo no voy a callar ni a ser cómplice de esos engaños”, concluyó.

La Fiscal Departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó que en audiencia de juicio oral se comprobó que Luis G.M.J., Anibal A.S.O., Nivardo C.C., Teresa M.H.A. y Teresa V.L., de entre 27 y 51 años, fueron responsables de los delitos de abuso sexual, proxenetismo, violación sexual comercial y trata de personas cometidos contra tres adolescentes de entre 12 y 15 años en Bermejo. Las autoridades dictaron condenas de 10 años para los dos primeros casos y 15 años para el tercero, que deberán cumplir en el penal de Morros Blancos.

“En la audiencia de los tres casos, la Fiscalía presentó todos indicios y pruebas relevantes como el certificado médico forense que evidencia la existencia de los hechos delictivos, informe psicológico y social de las víctimas, declaraciones testificales entre otros elementos que fueron contundentes para que se determine la sentencia en contra de los autores del delito», señaló Gutiérrez.

El fiscal Isaac Adali Castillo detalló que el primer caso ocurrió el 30 de mayo de 2024, cuando Luis G.M.J., de 51 años, interceptó a una adolescente de 12 años camino a su casa y, estando solos, la abusó sexualmente. El padre presentó la denuncia y el agresor fue sentenciado a 10 años por abuso sexual.

El segundo caso se registró la madrugada del 7 de diciembre de 2024, cuando Anibal A.S.O., de 34 años, ingresó al cuarto de otra menor de 12 años, que vivía en alquiler con su madre, y cometió toques impúdicos. La denuncia de la madre llevó a la condena de 10 años de cárcel por abuso sexual.

En el tercer caso, el 1 de mayo de 2023, Teresa V.L. captó a una adolescente de 15 años para llevarla a un burdel propiedad de Nivardo C.C. y Teresa M.H.A. bajo el pretexto de un trabajo como dama de compañía. La joven fue explotada sexualmente, restringida y ofrecida en redes sociales. Los tres fueron procesados por proxenetismo, corrupción agravada, violencia sexual comercial y trata de personas.

La Fiscal Departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó que junto con la Policía Boliviana y otras entidades se llevó a cabo un operativo en varios locales nocturnos de la ciudad con el objetivo de identificar posibles víctimas de trata y tráfico de personas, además de verificar la presencia de individuos declarados rebeldes ante la justicia.

“La finalidad de estos operativos es garantizar la protección de posibles víctimas y al mismo tiempo dar cumplimiento a las disposiciones legales para la captura de personas rebeldes. Estamos trabajando de manera articulada con las instituciones que forman parte de la lucha contra la trata y tráfico de personas”, explicó Gutiérrez.

Durante la inspección se realizó control en diferentes establecimientos, recopilando información para las investigaciones futuras y verificando la documentación de los asistentes. Estos operativos continuarán de forma sorpresiva como parte de la estrategia preventiva contra estos delitos.