A pocos días del primer debate vicepresidencial, el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, ha condicionado su participación al establecimiento de un “terreno neutral” y la presencia de moderadores plurales. En un video difundido en redes sociales, Lara expresó su preocupación por la falta de diversidad en los medios convocados y propuso incluir voces alternativas que garanticen un espacio verdaderamente democrático.

El evento, organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), está previsto para el domingo 5 de octubre en Santa Cruz y contará con la presencia de Juan Pablo Velasco, de la Alianza Libre. Aunque ambos candidatos habían confirmado su asistencia por escrito, Lara decidió presentar un nuevo requerimiento formal al TSE, argumentando que la pluralidad informativa es esencial para fortalecer el voto consciente y la transparencia del proceso electoral.

Lara también denunció un supuesto sesgo mediático en la cobertura de su campaña, señalando que ciertos medios han ignorado polémicas relacionadas con su contrincante mientras amplifican sus propios errores. Si bien aclaró que respeta a los periodistas que transmitirán el debate, insistió en que la línea editorial de algunos medios compromete la equidad del evento y pidió que se garantice una moderación imparcial.

Ante el creciente deterioro del Cerro Rico de Potosí, el gobernador interino Marco Antonio Copa ha convocado a una reunión interinstitucional con carácter urgente. El encuentro, previsto para el lunes 6 de octubre a las 14:00 en la sede de la Gobernación, reunirá a autoridades nacionales y representantes regionales para debatir propuestas técnicas que permitan preservar la emblemática montaña, cuya cumbre está en riesgo de colapso.

La situación se ha tornado crítica luego de que los mineros cooperativistas exigieran a las autoridades nacionales la asignación de nuevas áreas de trabajo en un plazo de 30 días. Mientras tanto, el Ministerio de Minería y Comibol continúan con el proyecto de relleno seco para mitigar los más de 130 hundimientos registrados, aunque los resultados hasta ahora no han logrado frenar el avance del daño estructural.

La Universidad Autónoma Tomás Frías ha emitido una alerta preocupante: la cima del Sumaj Orcko podría desplomarse si no se toman medidas inmediatas. Esta advertencia ha intensificado la presión sobre las autoridades para encontrar una solución definitiva que garantice la seguridad de los trabajadores y la conservación de uno de los patrimonios más importantes de Bolivia.

La Vicepresidenta del Concejo Municipal de La Paz, Joselinne Pinto, denunció que la mayoría de los concejales prefirió proteger al alcalde Iván Arias antes que defender a los ciudadanos al bloquear su propuesta para anular los contratos ilegales de parqueos tarifados. En cambio, se optó por una “suspensión temporal” que, según la concejal, “no resuelve el problema de fondo y solo prolonga el engaño a la ciudadanía”.

Pinto presentó una norma con tres puntos clave: declarar la nulidad absoluta de los contratos firmados bajo la derogada Ley 2028 sin aval del Concejo, impedir compensaciones a las empresas adjudicatarias y remitir los antecedentes al Tribunal Constitucional Plurinacional y a la Procuraduría General para determinar responsabilidades “administrativas, civiles y penales”.
“Estos contratos son ilegales desde su origen. No existe un solo argumento válido para sostenerlos. Los paceños no tienen por qué pagar tarifas abusivas de cinco bolivianos la hora. La única salida responsable es la anulación, no un maquillaje político”, afirmó la concejal.

A pesar de la solidez de la propuesta, la mayoría del Concejo, con la oposición de Roxana Pérez Del Castillo y Pierre Chain, votó por suspender los contratos en lugar de anularlos. Pinto criticó esta decisión: “Suspender no es anular. ¿Qué significa una suspensión? ¿Un mes, dos meses, hasta que pase el show político? Seamos claros: aquí no hubo voluntad de defender a la población, sino de proteger al alcalde y de darle aire a contratos que nacieron torcidos”.

La concejal comparó esta situación con la fallida ley que pretendía frenar el alza en pasajes, que nunca se publicó ni entró en vigencia, y advirtió que “se repite el mismo libreto: discursos de defensa frente a cámaras, borradores de leyes que circulan sin debate ni publicación oficial, y al final, nada cambia para la gente. Es un show político que los paceños ya no se creen”.
Finalmente, Pinto exigió medidas concretas e inmediatas: la publicación oficial del texto final sobre parqueos para garantizar transparencia, una auditoría integral a todos los contratos firmados y acciones legales efectivas que no sean solo promesas vacías. “Me siento ofendida como paceña al ver que en el Concejo se habla de nulidad hacia afuera, pero en el pleno se vota otra cosa. Algunos prefieren cuidarle las espaldas al alcalde en vez de cuidar a la ciudad. Yo no voy a callar ni a ser cómplice de esos engaños”, concluyó.

La Fiscal Departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó que en audiencia de juicio oral se comprobó que Luis G.M.J., Anibal A.S.O., Nivardo C.C., Teresa M.H.A. y Teresa V.L., de entre 27 y 51 años, fueron responsables de los delitos de abuso sexual, proxenetismo, violación sexual comercial y trata de personas cometidos contra tres adolescentes de entre 12 y 15 años en Bermejo. Las autoridades dictaron condenas de 10 años para los dos primeros casos y 15 años para el tercero, que deberán cumplir en el penal de Morros Blancos.

“En la audiencia de los tres casos, la Fiscalía presentó todos indicios y pruebas relevantes como el certificado médico forense que evidencia la existencia de los hechos delictivos, informe psicológico y social de las víctimas, declaraciones testificales entre otros elementos que fueron contundentes para que se determine la sentencia en contra de los autores del delito», señaló Gutiérrez.

El fiscal Isaac Adali Castillo detalló que el primer caso ocurrió el 30 de mayo de 2024, cuando Luis G.M.J., de 51 años, interceptó a una adolescente de 12 años camino a su casa y, estando solos, la abusó sexualmente. El padre presentó la denuncia y el agresor fue sentenciado a 10 años por abuso sexual.

El segundo caso se registró la madrugada del 7 de diciembre de 2024, cuando Anibal A.S.O., de 34 años, ingresó al cuarto de otra menor de 12 años, que vivía en alquiler con su madre, y cometió toques impúdicos. La denuncia de la madre llevó a la condena de 10 años de cárcel por abuso sexual.

En el tercer caso, el 1 de mayo de 2023, Teresa V.L. captó a una adolescente de 15 años para llevarla a un burdel propiedad de Nivardo C.C. y Teresa M.H.A. bajo el pretexto de un trabajo como dama de compañía. La joven fue explotada sexualmente, restringida y ofrecida en redes sociales. Los tres fueron procesados por proxenetismo, corrupción agravada, violencia sexual comercial y trata de personas.

La Fiscal Departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó que junto con la Policía Boliviana y otras entidades se llevó a cabo un operativo en varios locales nocturnos de la ciudad con el objetivo de identificar posibles víctimas de trata y tráfico de personas, además de verificar la presencia de individuos declarados rebeldes ante la justicia.

“La finalidad de estos operativos es garantizar la protección de posibles víctimas y al mismo tiempo dar cumplimiento a las disposiciones legales para la captura de personas rebeldes. Estamos trabajando de manera articulada con las instituciones que forman parte de la lucha contra la trata y tráfico de personas”, explicó Gutiérrez.

Durante la inspección se realizó control en diferentes establecimientos, recopilando información para las investigaciones futuras y verificando la documentación de los asistentes. Estos operativos continuarán de forma sorpresiva como parte de la estrategia preventiva contra estos delitos.

El Fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales Alconini, informó que el Juzgado Tercero de la Niñez y Adolescencia ordenó la detención preventiva del adolescente E.S.O., de 16 años, en el Centro de Reintegración Social “Renacer”, tras ser encontrado con sustancias controladas y un arma de fuego. El proceso se inició luego de que la madre del menor denunciara haber encontrado entre sus pertenencias marihuana, pastillas psicotrópicas (diazepam) y un revólver calibre 22.

“La progenitora del menor actuó con responsabilidad al advertir la gravedad de la situación. A partir de su denuncia, se procedió con la aprehensión y la audiencia de medidas cautelares, donde el juez de la Niñez y Adolescencia determinó su internación preventiva en el centro especializado”, explicó Morales.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el menor tenía un sobre con marihuana y varios blísters de diazepam, los cuales fueron encontrados por su madre, quien alertó a la policía. La pronta actuación de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) permitió incautar las sustancias y el arma, que no tenía proyectiles en la recámara.

La Fiscalía prosigue con las investigaciones para esclarecer el origen de las drogas y el arma, así como para determinar si hay otros involucrados o redes de tráfico que hayan influido en el adolescente. Este caso resalta la importancia de la denuncia oportuna y la colaboración ciudadana en la lucha contra el microtráfico y la prevención del delito entre jóvenes.

La decisión de la expareja de Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce Catacora, de desistir del proceso penal por violencia familiar y doméstica en su contra generó críticas en círculos políticos, que coinciden en que el Ministerio Público debe continuar con la investigación para sentar un precedente frente a quienes usan influencias políticas para evadir la justicia.

Mary Carmen C.B., la denunciante, presentó la semana pasada ante la Fiscalía de Santa Cruz un desistimiento notariado de la acusación que hizo el 18 de septiembre, indicando que “un hecho de violencia familiar que a la fecha ha quedado superado con mi ex pareja, el cual me ha pedido disculpas por todo lo sucedido y mi persona ha accedido a ese pedido”. Sin embargo, la fiscal Jessica Echeverría informó que “el caso contra el hijo del primer mandatario sigue vigente” y que la orden de aprehensión contra Arce Mosqueira permanece activa, aclarando que “por más de que la víctima desista, el caso tiene que continuar bajo el principio de deber de la Fiscalía y la Policía” y que “no es necesaria la presencia de la víctima”.

Legisladores de diferentes partidos manifestaron que existen presiones para que la víctima retire la denuncia y criticaron la demora en la ejecución de la orden de aprehensión. El diputado Enrique Urquidi (Comunidad Ciudadana) afirmó que “es una medida que busca la impunidad del señor Arce Mosqueira” y denunció que las investigaciones parecen estar siendo obstaculizadas.
Gabriela Ferrel, también diputada, sostuvo que “la justicia debe actuar de manera independiente y no obedecer a presiones políticas” y subrayó la falta de transparencia en el proceso, exigiendo que la Fiscalía continúe las indagaciones.

Desde el MAS, el diputado Santos Mamani afirmó que el caso debe seguir porque “es un hecho de orden público” y la investigación debe avanzar “hasta establecer las responsabilidades legales”, adicionalmente solicitó que se ejecute la aprehensión.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, declaró que la Policía cumplió con todos los procedimientos y afirmó que será el Ministerio Público quien decida sobre el desistimiento, ya que “de manera formal, la Policía aún no ha sido notificada” y que se emitirán los informes necesarios una vez ocurra.