La Cámara de Senadores decidió no conceder la licencia solicitada por el legislador y candidato presidencial Rodrigo Paz Pereira, quien pidió el permiso argumentando que quería “socializar” la Ley 071 de Derechos de la Madre Tierra.
Durante la sesión, el titular de la Cámara, Andrónico Rodríguez, preguntó: “Senadores y senadores que estén de acuerdo con la solicitud del senador, sírvanse levantar la mano”, pero el secretario anunció que “no existe apoyo, hermano presidente, queda rechazado”. Paz es candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC).
En la Asamblea Legislativa Plurinacional cuestionaron que, en lugar de renunciar a su curul, siga activo como senador y candidato al mismo tiempo. El legislador oficialista Luis Adolfo Flores señaló que “hemos rechazado como cinco o seis licencias, definitivamente se va a descontar, se ha pedido auditoría de los cinco años gestión de los que han pedido licencia, tendrán que devolver en promedio 3.000 bolivianos por sesión, hay personas que han pedido hasta 50% de licencia”.
Paz está en medio de la campaña para la segunda vuelta electoral, donde competirá contra la alianza de Alianza Libre. Flores también criticó la conducta de los legisladores durante la primera vuelta, mencionando que “hubo candidatos que han estado dos meses ausentes por encuentros con Bartolinas, con sectores sociales, por la socialización de leyes, mentira, estaban haciendo campaña, qué honestidad pues hay en los candidatos”.
La Confederación de Gremiales de Bolivia exigió el cierre definitivo de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) y la sanción penal contra su exgerente Franklin Flores, en el marco del escándalo por un «excedente injustificado» de 209 mil bolivianos detectado en sus cuentas. Desde Sucre, el dirigente César Gonzales calificó a la empresa estatal como “un instrumento que distorsiona los precios de alimentos en el mercado y donde la corrupción es sistemática”. Según Gonzales, “EMAPA siempre ha sido una competencia desleal, había irregularidades desde todo punto de vista con esa institución”.
El representante gremial relacionó la detención de Flores con la compra de harina y destacó supuestas “prácticas anticompetitivas recurrentes de la empresa estatal contra los gremiales”. Expresó también que “es importante que el gobierno que ingrese cierre este tipo de empresas porque si bien hay que controlar, hay que fiscalizar a empresas que son privadas hasta ahí se puede llegar, pero el hecho de que ellos (gobierno) manejen es únicamente para corrupción, para robarle a la población”. Esta postura refleja un rechazo frontal a la participación estatal en la comercialización de alimentos.
Gonzales añadió que casos como EMAPA no son aislados en empresas públicas; mencionó a Botrading y YPFB como ejemplos de entidades con denuncias de corrupción que, a su juicio, no prosperan en el Ministerio Público. Insistió en que estas situaciones deben terminar para restaurar la competitividad en el mercado nacional.
Respecto a Franklin Flores, el gremialista fue claro en señalar que “tiene que pagar por todo lo que ha hecho”, aunque manifestó escepticismo sobre el sistema judicial en casos que involucran a políticos.
Este reclamo ocurre mientras la Fiscalía de La Paz informó que Flores acumuló 700 mil bolivianos entre 2022 y 2025, con un excedente inexplicable de 209.150 bolivianos. El exgerente fue detenido el 30 de septiembre en la casa de su cuñado, donde se incautaron documentos relacionados con EMAPA.
La decisión de la expareja de Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce Catacora, de desistir del proceso penal por violencia familiar y doméstica en su contra generó críticas en círculos políticos, que coinciden en que el Ministerio Público debe continuar con la investigación para sentar un precedente frente a quienes usan influencias políticas para evadir la justicia.
Mary Carmen C.B., la denunciante, presentó la semana pasada ante la Fiscalía de Santa Cruz un desistimiento notariado de la acusación que hizo el 18 de septiembre, indicando que “un hecho de violencia familiar que a la fecha ha quedado superado con mi ex pareja, el cual me ha pedido disculpas por todo lo sucedido y mi persona ha accedido a ese pedido”. Sin embargo, la fiscal Jessica Echeverría informó que “el caso contra el hijo del primer mandatario sigue vigente” y que la orden de aprehensión contra Arce Mosqueira permanece activa, aclarando que “por más de que la víctima desista, el caso tiene que continuar bajo el principio de deber de la Fiscalía y la Policía” y que “no es necesaria la presencia de la víctima”.
Legisladores de diferentes partidos manifestaron que existen presiones para que la víctima retire la denuncia y criticaron la demora en la ejecución de la orden de aprehensión. El diputado Enrique Urquidi (Comunidad Ciudadana) afirmó que “es una medida que busca la impunidad del señor Arce Mosqueira” y denunció que las investigaciones parecen estar siendo obstaculizadas.
Gabriela Ferrel, también diputada, sostuvo que “la justicia debe actuar de manera independiente y no obedecer a presiones políticas” y subrayó la falta de transparencia en el proceso, exigiendo que la Fiscalía continúe las indagaciones.
Desde el MAS, el diputado Santos Mamani afirmó que el caso debe seguir porque “es un hecho de orden público” y la investigación debe avanzar “hasta establecer las responsabilidades legales”, adicionalmente solicitó que se ejecute la aprehensión.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, declaró que la Policía cumplió con todos los procedimientos y afirmó que será el Ministerio Público quien decida sobre el desistimiento, ya que “de manera formal, la Policía aún no ha sido notificada” y que se emitirán los informes necesarios una vez ocurra.
La Fiscalía continúa investigando la muerte de un hombre que desapareció en 2017 y cuyos restos fueron encontrados recientemente en una mina abandonada en Oruro, bajo una investigación por homicidio.
“Solamente es un esqueleto el que queda y se va a verificar porque no tiene lesiones visibles con referencia a los huesos”, explicó el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, en entrevista con La Revista de la red UNITEL. El fiscal señaló que “presuntamente se habría despedido de sus familiares el 2017 para irse a Argentina, todos pensaban que estaba en el país vecino, no habrían hecho ninguna denuncia”.
Una hipótesis indagada por las autoridades es que “ha sido ofrendado a una mina”, ya que “ha sido encontrado cerca a Antequera, en una mina que está actualmente abandonada”. La familia contó que “lo llamaban, pero el mismo no se comunicaba y presumían de que estaría trabajando, ese también es un tema investigativo”, agregó Morales.
Asimismo, surgió un nuevo dato que indica que el hombre “habría retornado el 2020, nadie lo ha visto y ha sido encontrado el 2025”. El examen forense consiente esta posibilidad. “Según el médico forense, hace referencia que el cadáver tendría una data de muerte de cinco años, es decir, el 2020 habría retornado y habría fallecido”, afirmó el fiscal.
Morales remarcó que “no se descarta esa hipótesis con referencia a esa ofrenda que se realiza a nivel de algunos sectores de Bolivia, pero vamos a llegar a la verdad material de este hecho”. Otra hipótesis apunta a un posible “accidente que habría tenido en la mina”, mientras que una tercera plantea que “habría sido victimado y después llevado al interior de la mina”.
Lo que más llama la atención es que esta mina está abandonada.
El fiscal anticipó que se investigará quién “lo ha visto hace cinco años, con quiénes ha tomado contacto”, y destacó que “lo que llama la atención es que no se ha denunciado el hecho de la desaparición en virtud de que los accidentes al interior mina son comunes en Oruro, pero son denunciados tras la desaparición de las víctimas”.
Finalmente, indicó que “se va a investigar por qué no se ha denunciado” y “quién lo habría visto por última vez”.
Brenda Lafuente, exdirectora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y denunciante del presidente Luis Arce por abandono de mujer embarazada, declaró que sus “encuentros” con el mandatario tuvieron lugar en el piso 24 de la Casa Grande del Pueblo y en un departamento cercano a la plaza Abaroa en La Paz. Por ello, solicitó a la Fiscalía que realice una inspección en estos dos sitios.
“He solicitado que se realice una inspección ocular en el lugar de los hechos. Yo he precisado que es el piso 24 de la Casa Grande del Pueblo, así como también en un departamento que él tiene a pocos metros de la plaza Abaroa. He indicado el nombre del edificio, incluso hasta el piso en el que se encuentra su departamento. En esos dos lugares es que fueron nuestros encuentros con el padre de mi hijo”, declaró anoche en el programa Que No Me Pierda.
Cabe destacar que durante la presidencia de Evo Morales, el piso 24 de la Casa Grande del Pueblo se utilizaba como habitación presidencial, con comedor, amplios espacios y muebles de alto costo.
Respecto a las denuncias, Lafuente afirmó el martes haber sufrido presunta obstrucción y encubrimiento por parte de la Fiscalía en el caso. “La Fiscalía impide que declaren mis testigos, no realizan una inspección ocular al lugar de los hechos —el piso 24 de la Casa Grande del Pueblo ni el departamento de la plaza Abaroa—. La fiscal no me da un requerimiento que solicité en calidad de víctima, para que me informe a quiénes corresponden las líneas telefónicas del denunciado (Arce), como de los testigos. Eso es obstaculización”, explicó.
Lafuente recordó que denunció a Arce por tres delitos: abandono de mujer embarazada, violencia familiar y violencia económica; sin embargo, el Ministerio Público solo admitió el primero. Además, indicó que aún no se ha realizado la prueba de paternidad, que ha sido postergada dos veces.
La denunciante relató que inició una relación con Arce en 2023 y quedó embarazada en 2024. El 29 de agosto presentó la denuncia y, para esa fecha, el bebé tenía 10 meses. Tras conocerse la denuncia, el presidente Arce declaró que se defendería con abogados privados al tratarse de un asunto personal.
El Partido Demócrata Cristiano (PDC), que postula a Rodrigo Paz para la presidencia y a Edmand Lara para la vicepresidencia de Bolivia, decidió emplear símbolos de la selección nacional y de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) en su campaña para la segunda vuelta electoral del 19 de octubre.
La FIFA y Conmebol exigen a sus federaciones afiliadas mantener «independencia política y religiosa». La FBF podría enfrentar sanciones internacionales si no denuncia el uso indebido de su identidad por terceros.
Durante el partido Bolivia vs. Brasil, que marcó el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, Lara señaló que fue invitado junto a su familia por el presidente de la FBF, Fernando Costa, y la federación, a presenciar el encuentro. Afirmó haber recibido boletos aéreos desde Santa Cruz a La Paz y entradas para el estadio.
Respecto a la camiseta y el escudo, en redes sociales oficiales, el PDC promueve “poleras VIP selección boliviana Paz/Lara, disponible desde el miércoles 1 de septiembre en tallas S,M,L,XL.(solo en la ciudad de La Paz) entregas a coordinar (…)”. La publicación se hizo el 30 de septiembre, probablemente refiriéndose al 1 de octubre.
La camiseta verde, que replica una de la selección boliviana, presenta un escudo similar al de la FBF pero con el símbolo del partido en lugar del balón de fútbol y el texto “Paz Lara”. También en un video publicado este miércoles aparece el mismo símbolo que corresponde a la identidad de la Federación Boliviana de Fútbol.
Desde el inicio de la campaña electoral, varios candidatos han aparecido vistiendo camisetas similares a las de la selección y ropas deportivas idénticas a las que usan los jugadores de la Verde. Esto ha ocurrido también con otros políticos.
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Dos periodistas deportivos consultados por PREMIUM expresaron sus opiniones. Fernando Bustillo comentó que “todos tienen derecho a usar la camiseta de la selección como un apoyo a nuestro equipo, cuando juega y se presenta en partidos oficiales. Hay un tiempo para cada ocasión. Haciendo una analogía, no se permite el uso de símbolos nacionales en campañas políticas; los colores de la camiseta, sin ser un símbolo patrio, se constituyen en una identidad nacional que merece ser respetada y no mal utilizada, en este caso específico, no para hacer campañas políticas”.
Por su parte, Gustavo Cortez señaló que “supuestamente la casaca de la Selección es un símbolo nacional y de identificación. Sin embargo, es también un producto que tiene derechos reservados y, por eso, se le da a veces un uso comercial abusivo”. Añadió que “no es como nuestra bandera. La tricolor es diferente. Ésta se respeta aquí y en el exterior. Es que refleja nuestra raíz, identificación y orgullo. En cambio, la camiseta, si es utilizada por políticos en sus campañas, no creo que sea motivo de objeción. Incluso por ahí un político puede comprar espacio en la prenda, como hacen las empresas que auspician a la Selección. Y no siempre hay casacas que respetan los colores originales de la Selección. Vemos con frecuencia hasta diseños diferentes, que a unos les gusta y a otros no. Son otros quienes toman las decisiones”.
La Fiscalía Departamental de La Paz presentó una imputación formal contra Franklin Flores, exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), por presuntos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito relacionados con supuestas irregularidades en el proyecto de la Planta de Transformación, Centro de Acopio y Almacenamiento de Papa en El Alto. La audiencia cautelar de la exautoridad se lleva a cabo en el Juzgado 11º de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres, y comenzó poco después de las 15:00 horas de este miércoles. Según el Ministerio Público, se solicitó que la exautoridad cumpla «detención preventiva por el plazo de tres meses en la cárcel de San Pedro», en La Paz.
Esta imputación surge a partir de la denuncia del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción y del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural en el marco de investigaciones sobre presuntas irregularidades en la construcción de la planta de papa ubicada en El Alto. El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, señaló que el contrato firmado entre el entonces gerente de Emapa y la empresa constructora «no cumplía las disposiciones del Decreto Supremo 181, de Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios», debido a modificaciones y la alteración de precios unitarios sin respaldo técnico.
Además, el fiscal indicó que los investigadores detectaron que la planta operó solo parcialmente durante algunos meses y que parte de los empleados contratados por la constructora recibían sueldos con fondos estatales.
El penal de San Sebastián Mujeres, ubicado en Cochabamba, enfrenta una situación crítica de hacinamiento, con más de 350 internas en un espacio diseñado para apenas 120. Ante esta realidad, la dirección del recinto penitenciario ha iniciado una campaña solidaria para recolectar materiales de construcción que permitan ampliar las instalaciones y mejorar las condiciones de vida de las privadas de libertad y sus hijos menores de seis años que viven con ellas.
La directora del penal, mayor Vanessa Vidal, explicó que se necesita con urgencia ladrillos, cerámica, fierro, hormigón y otros insumos básicos para comenzar las obras. “Queremos que las internas puedan dormir en catreras y no en el piso, como ocurre actualmente. Esta ampliación es vital para recuperar un mínimo de dignidad en el encierro”, señaló. Además, se organizará una función de cine en el Capitol el sábado 4 de octubre, con el objetivo de recaudar fondos adicionales para la compra de materiales.
La entrada a la función tendrá un costo de 20 bolivianos y estará disponible las 24 horas en el penal. Vidal hizo un llamado a la ciudadanía para que se sume a esta causa, ya sea con aportes económicos o donaciones de insumos. “Toda ayuda cuenta. Esta campaña no solo busca construir paredes, sino también esperanza para quienes viven en condiciones extremas dentro del penal”, concluyó.
Luis Marcelo Arce Mosqueira, quien era buscado por las autoridades tras una orden de aprehensión por violencia familiar, logró un acuerdo con su expareja Mary Carmen Cuéllar Balderas, lo que derivó en el desistimiento voluntario de la denuncia. Aunque la Fiscalía aún no recibió oficialmente el memorial, la fiscal Jessica Echeverría confirmó que el documento fue presentado y será analizado una vez llegue a su despacho. El caso había generado atención mediática por la gravedad de las acusaciones y la dificultad para ubicar al denunciado.
En el memorial, Cuéllar señala que la denuncia fue producto de una discusión ocurrida el 18 de septiembre y que, tras recibir disculpas de Arce, decidió no continuar con el proceso penal. La mujer argumentó que su imagen fue expuesta públicamente y que, tras evaluar su situación personal, optó por cerrar el caso. Sin embargo, el expediente incluye un informe médico forense que documenta lesiones previas, como hematomas y contusiones, además de una baja médica de 12 días por incapacidad legal.
La fiscal Echeverría indicó que los operativos para dar con el paradero de Arce Mosqueira no tuvieron éxito hasta el momento. A pesar del desistimiento, el Ministerio Público deberá evaluar si existen elementos suficientes para continuar de oficio con la investigación, dado que el caso involucra hechos de violencia física reiterada. La decisión final dependerá del análisis jurídico del documento y de las pruebas ya recabadas.
Jorge Tuto Quiroga, expresidente y actual candidato por la alianza Libre, reafirmó la solidez de su fórmula junto a Juan Pablo Velasco, asegurando que “están hechos de hierro” frente a los ataques que, según él, provienen tanto del Gobierno como de sus rivales del Partido Demócrata Cristiano (PDC). En su visita a Santa Cruz, Quiroga insistió en que su campaña se basa en propuestas, mientras que sus contrincantes “manipulan el odio y venden miedo”.
La polémica se intensificó tras la aparición de supuestos tuits racistas atribuidos a Velasco, los cuales fueron calificados como falsos por el propio candidato. Quiroga denunció que estas acusaciones forman parte de una estrategia para desprestigiar su candidatura, en medio de una segunda vuelta marcada por la confrontación. A pesar de haber firmado un “acuerdo por la democracia” promovido por el Tribunal Supremo Electoral, los ataques entre los binomios continúan.
Con el balotaje programado para el 19 de octubre, la campaña entra en su fase decisiva. Quiroga y Velasco, que obtuvieron el 26,70 % en la primera vuelta, intensifican su recorrido por las nueve regiones del país, mientras que Paz y Lara, del PDC, lideran con el 32,06 %. En este clima tenso, el llamado a frenar la “guerra sucia” parece no haber surtido efecto, y los candidatos siguen enfrentándose con acusaciones cruzadas.
