El empresario Marcelo Claure, cansado de las constantes quejas sobre la “guerra sucia” durante la campaña electoral, hizo un llamado a los candidatos para que abandonen la hipocresía y se enfrenten sin reservas. A pesar de que ambos frentes del balotaje firmaron un acuerdo para evitar la “guerra sucia”, las acusaciones continúan entre ellos.

A través de sus redes sociales, Claure expresó su fastidio por las constantes reclamaciones de los candidatos respecto a la falta de respeto al acuerdo, por lo que propuso un cambio de enfoque: “Dejemos la hipocresía: que se den con todo y muestren lo que realmente son. Así la gente decide por quién votar”, afirmó.

Durante la primera vuelta, Claure otorgó su apoyo a Samuel Doria Medina, quien resultó tercero en la carrera presidencial. Desde entonces, no ha declarado respaldo hacia ninguno de los aspirantes que avanzaron a la segunda vuelta.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, declaró este jueves que el Gobierno no tiene conocimiento del proyecto de ley presentado recientemente por el senador masista Pedro Benjamín Vargas, que propone prorrogar el mandato presidencial y suspender temporalmente a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
“Nosotros, bastante sorprendidos, escuchábamos este proyecto que, la verdad, desconocemos y no tenemos información al respecto. Tengan la certeza de que a nosotros nunca nos han consultado, el gobierno desconoce ese proyecto de ley”, afirmó Alcón en entrevista con radio Panamericana.
La autoridad sostuvo que el presidente Luis Arce y la bancada del Movimiento al Socialismo mantienen un firme compromiso con la democracia y confirman que la transición ocurrirá el 8 de noviembre.

La iniciativa presentada por el senador Vargas, alineado con la corriente androniquista, surgió a raíz de la pérdida de confianza en los vocales electorales. El proyecto establece la “prórroga del período de mandato constitucional 2020 – 2025 hasta la posesión de las nuevas autoridades electas del nuevo periodo constitucional”.
Asimismo, propone la suspensión temporal de las funciones de los vocales titulares y suplentes del TSE, designados el 19 de diciembre de 2019 por la Asamblea Legislativa Plurinacional, conforme al numeral 2 del Artículo 13 de la Ley N° 018 del 16 de junio de 2010.

Alcón subrayó la importancia de respetar el calendario electoral vigente en el país, que avanza hacia la segunda vuelta electoral del 19 de octubre. “Hoy estamos en un escenario en el que se está preparando una transición, por primera vez se vive una segunda vuelta, y la población elegirá a un gobierno para el siguiente periodo. Eso es lo que debemos respetar como proceso democrático”, enfatizó.
Por su parte, el vocal del TSE, Francisco Vargas, rechazó la propuesta y destacó que cualquier intento de extensión o suspensión debe respetar el debido proceso y ajustarse al marco constitucional vigente.

La Cámara Automotor Boliviana (CAB) rechazó la propuesta del candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, de legalizar vehículos indocumentados, conocidos como «chutos», argumentando que esta medida perjudicaría uno de los sectores formales más significativos para la economía nacional.
Jhonny Salvatierra, presidente de la CAB, manifestó a EFE que la iniciativa de Paz resulta preocupante y lamentable, ya que perjudica a las empresas legales y genera una competencia desleal con el mercado de autos ilegales, que ascienden a cerca de un millón en Bolivia. Salvatierra destacó que este número representa “una avalancha” de vehículos que afectan seriamente al sector formal de importación.

El dirigente también explicó que desde que se comenzó a hablar sobre la posible legalización, se ha notado un incremento en el movimiento de personas en las fronteras, incluidos extranjeros, dedicados a la importación ilegal de estos vehículos, los cuales se presume provienen de actividades ilícitas como robo, contrabando y lavado de dinero.
Por su parte, Paz ha aclarado en varias ocasiones que su propuesta no busca fomentar el robo de autos, sino reconocer una realidad en el país donde muchas personas poseen “chutos”.
Según datos de la CAB, Bolivia cuenta con un parque automotor de 2.5 millones de vehículos, de los cuales 1.7 millones son autos legales, mientras que se estima que hay alrededor de un millón de vehículos ilegales circulando.

Salvatierra solicitó un mayor control en las fronteras para evitar que esta cifra aumente, ya que la entrada masiva de vehículos indocumentados podría agravar la actual crisis económica, caracterizada por la escasez de combustibles como diésel y gasolina, que están subsidiados por el Estado.
Además, la falta de liquidez en dólares desde comienzos de 2023 ha originado un mercado paralelo en el que el dólar alcanza casi 13 bolivianos, muy por encima del tipo de cambio oficial de 6.96. Esta situación dificulta la compra de vehículos nuevos en el extranjero, pese a que las marcas automotrices aseguran cobrar al tipo de cambio oficial, en algunos casos los precios se han duplicado debido al aumento en el costo de la divisa.

Salvatierra añadió que muchas empresas fabricantes se muestran reticentes a enviar más vehículos a Bolivia debido a los reclamos de clientes por daños en los motores causados por el tipo de combustible distribuido en el país.
Finalmente, cifras de la CAB indican que el sector automotor formal genera anualmente 3.000 millones de dólares, de los cuales 500 millones provienen de impuestos por la importación legal de autos cero kilómetros.

Genaro Zapata, afiliado a la Central Valle Sacta del Trópico de Cochabamba, denunció que dirigentes “evistas” lo amenazaron con golpearlo hasta la muerte por desempeñarse como servidor público y negarse a “votar nulo” en las recientes elecciones nacionales.

Zapata relató que fue vetado por negarse a acatar órdenes internas dentro del sindicato y explicó que “El 15 de septiembre en una reunión del sindicato Copacabana en Cochabamba el dirigente me indica que debo disculparme y acatar las decisiones y lo que indican los evistas que es el voto nulo. Al trabajar en el sector público, en el ministerio, debo votar nulo y me atacan de ‘luchista’ y traidor”.

Frente a estas presiones, Genaro Zapata expresó tajantemente: «No voy a acatar esa decisión porque tengo un derecho y el derecho se respeta”.
Además, denunció que los dirigentes René Quiroga y Ponciano Romero son las personas que amenazaron con agredirlo físicamente hasta la muerte el próximo 10 de octubre, lo que mantiene en alerta a la Central Valle Sacta y a las autoridades correspondientes.

El candidato a la vicepresidencia del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, continúa su ofensiva y lanzó nuevos ataques contra medios de comunicación y periodistas. Aseguró que firmará el acuerdo contra la guerra sucia solo cuando el aspirante a la vicepresidencia por la alianza Libre, Juan Pablo Velasco, le “envíe un Yango”.
Recientemente, un video viralizado en redes sociales mostró a Lara durante un acto proselitista, donde criticó duramente a los medios y a los periodistas, acusándolos de difundir falsedades y actuar en su contra. Como en ocasiones previas, no presentó evidencia que sustentara sus acusaciones. “A partir de ahora no le hagan caso a la prensa, ya ni vean los canales. Saben que, hay una cosa que les voy a enseñar y que he aprendido. En la mañana lo primero que hace uno es prender la tele para llenarse de caca. Llega al trabajo, prende el celular para llenarse de caca. Y cómo termina uno, cagado pues. No se caguen ustedes”, afirmó.

Además, Lara denunció que los medios contratan “analistas políticos” con la intención de desprestigiarlo y afectar la votación del binomio Paz-Lara. “El objetivo es que la gente me odie y no vote por el binomio (Rodrigo) Paz-Lara, pero saben que, les está saliendo el tiro por la culata”, afirmó.
La semana pasada, en un encuentro convocado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en Santa Cruz, los candidatos del PDC y de Libre (Rodrigo Paz, Jorge Tuto Quiroga y Juan Pablo Velasco) firmaron un acuerdo para evitar la guerra sucia. Lara no firmó porque se encontraba en La Paz, aunque se comprometió a hacerlo posteriormente.

Durante su intervención en las redes, Lara recordó que un canal de televisión le preguntó sobre la firma del acuerdo. “Ahí ha aparecido Unitel y primero siempre empiezan con sus preguntas hecho a los buenos changos y de fondo me dicen: ‘¿Cuándo va a ir a firmar el compromiso de no a la guerra sucia?’, y yo les digo: cuando su candidato del Tuto me mandé un Yango, ¿no que ha dicho que me va a mandar un Yango?, Sigo esperando su Yango y no llega”, dijo, provocando risas en el público.

Por su parte, Juan Pablo Velasco invitó a Lara a firmar el compromiso. “Lo invito a que firme. Ya el vocal del Tribunal Supremo Electoral Tahuichi Tahuichi (Quispe) le dijo que se lo puede llevar (el acuerdo) a su casa, lo acompañan, se lleva a su casa, o si no le mandamos un Yango para que venga y firme”, añadió Velasco, quien además es uno de los empresarios que contribuyó a la llegada de Yango al país.

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) comunicó que sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia, Rodrigo Paz Pereira y Edmand Lara Montaño, se encuentran inmersos en una intensa agenda nacional que los mantiene en contacto permanente con diversos sectores sociales, productivos, cívicos y territoriales del país. Esta actividad forma parte de un proceso participativo para la elaboración de su programa de gobierno.

La organización política detalló que esta agenda da prioridad a un diálogo directo con organizaciones sociales, sindicatos, comunidades indígenas, campesinas, juntas vecinales, instituciones académicas y grupos juveniles. El objetivo es recopilar propuestas concretas, atender demandas ciudadanas y fortalecer los lazos de confianza con la población en todo el territorio nacional.

Por razones logísticas y para mantener una presencia territorial activa, el PDC informó que durante esta fase de la campaña electoral sus candidatos no podrán asistir a todos los foros y debates a los que han sido invitados. No obstante, el partido enfatizó que esta decisión no refleja falta de interés o compromiso, sino una estrategia enfocada en consolidar un proyecto político nacional que sea plural, inclusivo y participativo.