La abogada Camila Vargas, representante legal de Lafuente en el caso de asistencia familiar, informó a ERBOL que se está solicitando un monto cercano a ocho mil bolivianos mensuales, tomando en cuenta la inflación en productos básicos.
“Lo que estamos pidiendo es aproximadamente ocho mil bolivianos, considerando la inflación en los productos”, señaló Vargas en el programa La Tarde en Directo. Añadió que Arce debe proveer los recursos necesarios para la atención integral del menor, incluyendo salud, educación, estimulación temprana, vestimenta, vivienda y alimentación, entre otros aspectos.

La abogada advirtió que esta cifra podría aumentar en el futuro, conforme cambien las necesidades del bebé, especialmente cuando comience a asistir a la guardería o al kínder.
La demanda ha sido presentada en un juzgado familiar en Cochabamba y, tras su admisión, se notificará a Luis Arce para una audiencia de conciliación. En caso de no llegar a un acuerdo, se espera que el juez fije la asistencia familiar.

Si Arce incumple con el pago, podría enfrentar un mandamiento de apremio e incluso la posibilidad de prisión, explicó la abogada. Además, aclaró que los pagos se contarían a partir de la presentación de la demanda y no de forma retroactiva.
Vargas mencionó que la demanda no se realizó antes porque la exfuncionaria accedió a mantener reserva por razones políticas del mandatario, quien luego habría evitado toda comunicación, lo que llevó a la vía legal.
Sobre otros gastos, la abogada indicó que estos se resolverán a través del proceso penal instaurado por abandono de mujer embarazada contra Luis Arce.

El secretario político de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Vicente Choque, acusó públicamente al exministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y al viceministro de Sustancias Controladas, Javier Mamani, como responsables de la descertificación de Bolivia en la lucha contra el narcotráfico por parte de Estados Unidos.
Choque afirmó que estas autoridades están “metidas en el narcotráfico” y que, por esa razón, no cumplieron con sus funciones, causando un daño a la imagen internacional del país. “Estamos quedando mal por culpa del gobierno, por culpa de Del Castillo y del viceministro de Sustancias Controladas, porque esos dos personajes no han hecho su trabajo, están implicados en el narcotráfico”, declaró ante los medios.

El dirigente afín a Evo Morales recordó que las organizaciones cocaleras del Trópico de Cochabamba realizaron múltiples denuncias, incluso presentando audios para que la Policía investigara, pero estas evidencias no fueron tomadas en cuenta, lo que indicaría una posible complicidad de las autoridades.
También cuestionó la labor de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), señalando que, a pesar de las numerosas denuncias contra el director nacional de la FELCN relacionadas con estas conductas, no se ha tomado ninguna acción. “La culpa es del gobierno por su incapacidad y por eso la imagen del país está deteriorada”, sostuvo Choque.

Esta descertificación se oficializó recientemente cuando el gobierno estadounidense incluyó a Bolivia en la lista de “principales países de tránsito o productores de drogas ilícitas”, junto a Colombia, Afganistán, Birmania y Venezuela. En el comunicado, se señala que estos países “han fallado en los últimos 12 meses en cumplir sus obligaciones internacionales de lucha contra el narcotráfico”.

Choque anunció que seguirán denunciando a estos funcionarios y pidió que se dictamine un arraigo para ellos. “Los ministros y el presidente Luis Arce deben responder por todo el daño que han causado al país”, concluyó el dirigente.

Luego de que Edman Lara, candidato a vicepresidente por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), insinuara la posibilidad de un fraude en caso de que Jorge Tuto Quiroga, de Alianza Libre, resulte ganador, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) salió al paso con una respuesta firme.

El vocal Gustavo Ávila declaró que el Órgano Electoral rechaza categóricamente esas afirmaciones y prefieren responder con responsabilidad a través de su trabajo. Lara había advertido en TikTok: “La única manera que gane las elecciones (Tuto Quiroga) es que haga fraude. No lo vamos a permitir, vamos a cuidar el voto. Si es necesario, vamos a salir a defender el voto porque somos mayoría”.

Ávila aseguró que tales declaraciones “se rechazan totalmente” y destacó que el trabajo del Órgano Electoral quedó demostrado el 17 de agosto, cuando se realizó la primera vuelta electoral. “La ciudadanía es consciente de ello. Son afirmaciones que no sé si valga la pena responder. Nosotros respondemos con hechos y trabajo”, afirmó.
Por otro lado, desde el PDC se indicó que la Alianza Libre estaría utilizando “guerreros digitales” para atacar a sus candidatos. Alaín Rivero, secretario general del PDC en Santa Cruz, expresó que el partido busca evitar la guerra sucia y no entrar en controversias, aunque las denuncias surgen de ambas partes.

Estas tensiones ocurren a pesar del acuerdo de nueve puntos firmado entre el PDC y Alianza Libre para promover un proceso electoral limpio y transparente.

El candidato presidencial Rodrigo Paz Pereira, por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), enfoca su campaña en dos propuestas económicas clave. La primera, llamada “Capitalismo para todos”, busca que todos los ciudadanos participen en las cadenas productivas con el respaldo del Estado, para asegurar una distribución equitativa de la riqueza entre grandes, medianos, pequeños y microproductores, además de emprendedores en todo el país.

La segunda, la “Agenda 50/50”, propone una distribución equitativa del Presupuesto General del Estado entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales —incluyendo gobernaciones, municipios, universidades e autonomías indígenas— garantizando recursos específicos para servicios básicos como educación, salud y seguridad ciudadana. Esta agenda forma parte de la visión que Paz plantea para los próximos cinco años si es elegido presidente.

“Capitalismo para todos, capital, platita para todos; con ese capital generamos riqueza, pero no para concentrarla, sino para abrir la generación de oportunidades para todos los bolivianos, a través de créditos, reducción de impuestos y aranceles, mejoras en la aduana y otras normativas que faciliten el acceso a estos incentivos para la producción”, explicó el candidato.
Paz defiende la descentralización como un mecanismo para lograr un crecimiento más equitativo que mejore las condiciones en todas las regiones. Actualmente, el 85% del presupuesto está controlado por el gobierno central, lo que según él, limita la autonomía real de municipios y departamentos. “50/50, porque he sido alcalde, concejal y presidente de concejo municipal, conozco de cerca cómo sufren los municipios por la falta de autonomía. Por eso, nuestro compromiso es hacer del Presupuesto General del Estado un verdadero reparto 50/50”, afirmó el senador tarijeño.

Su propuesta también busca transformar la administración pública acercándola a las comunidades, reducir la burocracia, fomentar la responsabilidad política y promover un capitalismo popular con acceso a créditos y eliminación de impuestos y aranceles para bienes no producidos en Bolivia. Además, incluye reformas judiciales y una lucha firme contra la corrupción.
La educación y la salud ocupan un lugar fundamental en su propuesta, ya que sin estos servicios esenciales no se puede formar el talento humano necesario para el desarrollo digno. Al descentralizar los recursos, las regiones podrán gestionar políticas adaptadas a sus necesidades específicas.

“Queremos líneas claras para la educación, la salud y la seguridad ciudadana. Estos son los pilares para nutrir el recurso humano del país, porque sin salud ni educación no se puede aprender ni desarrollarse con dignidad”, comentó Paz.
En resumen, Rodrigo Paz propone devolver poder de decisión y ejecución presupuestaria a municipios y regiones, asegurar el acceso a servicios básicos bajo una gestión local, formalizar la economía con incentivos y créditos, combatir la corrupción con reformas institucionales y reconocer la autonomía política y territorial para fortalecer la gestión local.

El gabinete Ministerial aprobó este miércoles un decreto supremo que autoriza una modificación en el presupuesto destinada a garantizar el desarrollo de la segunda vuelta electoral. Esta medida contempla un incremento en las subpartidas presupuestarias asignadas a consultores individuales en línea y a consultores por producto dentro del presupuesto del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, detalló que el monto total de estas subpartidas suma más de Bs13,29 millones, de los cuales Bs1,53 millones serán destinados a 18 consultores por producto y Bs11,76 millones a 2.593 consultores individuales en línea. “Este ajuste presupuestario responde a los lineamientos que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) requiere para organizar la segunda vuelta”, explicó.

El TSE convocó a este balotaje para elegir al presidente y vicepresidente del Estado entre los dos binomios que obtuvieron más votos en la primera vuelta, realizada el 17 de agosto. La segunda vuelta electoral está programada para el 19 de octubre.

Según el TSE, el presupuesto estimado para realizar el proceso nacional y en el exterior asciende a Bs193,86 millones, de los cuales Bs73,86 millones se destinan a consultorías, servicios de digitalización de cómputos, monitoreo y otros, mientras que Bs120 millones se asignan a gastos operativos y logísticos.