El nuevo alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz recibió su credencial oficial por parte del Órgano Electoral Plurinacional, acto que marca el inicio formal de su gestión edil.

Durante la jornada, la autoridad municipal informó que la acreditación fue recibida con “profunda emoción, humildad y gratitud”, destacando el significado institucional del documento. Según señaló, la distinción no solo representa un reconocimiento al cargo, sino también una responsabilidad directa con la población paceña.

El alcalde expresó que asume el mandato con compromiso hacia la ciudad y con la intención de impulsar acciones orientadas al bienestar ciudadano. En sus declaraciones afirmó: “La recibo con profunda emoción, humildad y gratitud. Este documento no solo representa un honor inmenso; representa también una gran responsabilidad y un compromiso sagrado con cada paceña y paceño”.

Asimismo, manifestó que su gestión estará enfocada en el trabajo constante por la recuperación de la confianza ciudadana y el desarrollo de la urbe, con énfasis en mejorar las condiciones de vida de la población.

La autoridad concluyó que su administración buscará que La Paz recupere su dinamismo y proyección futura, reafirmando su compromiso de trabajar de manera conjunta con la ciudadanía para alcanzar esos objetivos.

El senador opositor Branko Marinkovic afirmó que la movilización en rechazo a la Ley 1720 tendría un trasfondo político, al considerar que las protestas responden a intereses que van más allá del debate sobre la norma.

Marinkovic sostuvo que las manifestaciones contra la Ley 1720 no se limitarían a un cuestionamiento técnico o normativo, sino que estarían orientadas a generar presión política. En ese sentido, señaló que este tipo de acciones buscan incidir en la agenda pública mediante la confrontación, sin profundizar en el contenido de la ley.

El legislador cuestionó que las protestas se desarrollen en las calles en lugar de canalizarse a través de instancias institucionales. “El debate sobre la Ley 1720 debería darse en el marco institucional correspondiente y no mediante medidas de presión en las calles”, manifestó.

Asimismo, reiteró que las movilizaciones estarían siendo impulsadas con fines políticos, aunque no precisó aspectos específicos de la normativa que está siendo observada por distintos sectores sociales.

Las declaraciones del senador se producen en un contexto de protestas y pronunciamientos de diferentes organizaciones que rechazan la Ley 1720 y demandan su revisión o eventual anulación.

El debate en torno a la norma continúa generando posiciones divididas entre actores políticos y sectores movilizados, mientras se mantienen las expresiones de rechazo en distintos puntos del país.

El nuevo vocero presidencial, José Luis Gálvez, reconoció deficiencias en la comunicación del Gobierno y anunció la implementación de un esquema más abierto y continuo de información hacia los medios de comunicación y la ciudadanía.

En conferencia de prensa, la autoridad admitió la existencia de dificultades en la relación institucional con la prensa. “La idea es marcar un antes y un después”, afirmó Gálvez, al anunciar una nueva etapa comunicacional basada en contactos regulares y vocerías sectoriales que permitan explicar de manera más especializada la gestión gubernamental.

El vocero señaló que esta reestructuración se enmarca en lo que calificó como un “momento histórico” para el país, vinculado al objetivo del presidente Rodrigo Paz Pereira de impulsar transformaciones estructurales orientadas a la “reconstrucción de la patria”.

Gálvez indicó que el Ejecutivo priorizará el diálogo como mecanismo para abordar conflictos sociales, aunque advirtió la existencia de actores que buscarían promover confrontación. En ese sentido, reiteró la disposición del Gobierno a instalar mesas de trabajo con distintos sectores, incluidas organizaciones sociales con demandas pendientes.

Respecto al pliego de la Central Obrera Boliviana (COB), el vocero mencionó que este incluye más de 200 puntos acumulados durante varios años. “El Gobierno está dispuesto a debatir cada punto”, señaló, aunque aclaró que no se cederá en lo que definió como el mandato de cambio expresado en las urnas.

Sobre las movilizaciones recientes, Gálvez afirmó que varias demandas ya fueron atendidas mediante decretos y que actualmente se trabaja en su reglamentación. No obstante, reconoció que persisten factores de carácter político que impulsan la continuidad de las protestas.

En cuanto al abastecimiento de combustibles, aseguró que se realizan controles de calidad y que tanto la gasolina como el diésel cumplen con los estándares establecidos. También explicó que las filas registradas responden a un incremento de la demanda, principalmente del sector productivo, y sostuvo que la situación tiende a estabilizarse.

Finalmente, el vocero presidencial reiteró que la administración gubernamental buscará consolidar una gestión basada en el diálogo, la concertación y la transparencia informativa, con el objetivo de responder a las demandas ciudadanas y reducir los niveles de conflictividad social.

El diputado de Alianza Popular, Rolando Pacheco, criticó la estrategia del Gobierno en el proceso de diálogo con la Central Obrera Boliviana (COB) y cuestionó que el presidente del Estado no encabece directamente las conversaciones con el sector laboral.

Pacheco sostuvo que la convocatoria a la dirigencia sindical, canalizada a través del Ministerio de Trabajo, no genera confianza ni resultados efectivos. “A ver, el señor Ministro del Trabajo no cuenta con la confianza, no tiene la credibilidad de los trabajadores a nivel nacional. Es como hablar con la pared. ¿Para qué te vas a sentar a hablar con la pared si no va a resolver nada? ¿Para que se mientan? ¿Para que hayan ilusionado a la base? Entonces estamos seguros de que esa convocatoria no va a tener ni un fruto”, afirmó el legislador.

El parlamentario señaló que las decisiones más importantes del Ejecutivo dependen directamente del mandatario, por lo que consideró que este debería asumir un rol central en las negociaciones con la COB. En ese sentido, cuestionó que el diálogo no sea encabezado por la máxima autoridad del Estado.

Asimismo, advirtió que la falta de un acercamiento directo podría generar mayor descontento en las bases sindicales y eventualmente derivar en movilizaciones si no se atienden sus demandas. Según indicó, este escenario refleja un riesgo de escalamiento del conflicto social.

Pacheco reiteró que un diálogo directo con el jefe de Estado es fundamental para que las demandas de los trabajadores sean atendidas con soluciones concretas y oportunas.

Las declaraciones del legislador surgen en medio de las tensiones entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana, en un contexto de cuestionamientos sobre los mecanismos de diálogo y la efectividad de las negociaciones impulsadas por el Ejecutivo.